El pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este lunes una moción del grupo socialista para reprobar a la Xunta por el acuerdo alcanzado con las tres universidades gallegas para la descentralización del grado de Medicina, un acuerdo que el gobierno municipal ha calificado como «papel mojado» y sobre el que ha vuelto a expresar su rechazo.
Así, el concejal Carlos López Font ha sido el encargado de defender esta moción, que solo ha contado con el apoyo del grupo socialista (PP y BNG han votado en contra), y ha proclamado que el acuerdo alcanzado solo pretende mantener los «privilegios» de la Universidad de Santiago.
«No lo aceptamos, es papel mojado, una estafa y un nuevo engaño a la ciudad, como fue el acuerdo de 2015″, ha proclamado el edil socialista, que ha apuntado al presidente Rueda como muñidor de este pacto, con el «único objetivo» de que permanezca una única facultad de Medicina en Galicia, la de Santiago.
López Font ha subrayado que la demanda de una facultad propia para Vigo es una «petición histórica» y un «clamor» en la ciudad, y que el gobierno local, con Abel Caballero al frente, la seguirá reclamando. Según ha insistido, el acuerdo alcanzado hace unos días supone que la UVigo renuncia a ese grado, pero el gobierno de la ciudad seguirá pidiéndolo porque «es lo que le conviene a la ciudadanía».
«Injerencia» en la autonomía de las universidades
Por su parte, el grupo municipal del PP ha censurado que Abel Caballero y su gobierno han defendido en el pleno una «moción política», al servicio de los intereses del regidor, frente a un acuerdo «fruto del consenso», que es «bueno para Galicia» y para las universidades.
El portavoz ‘popular’, Miguel Martín, ha recalcado que «solo a la UVigo» le compete tomar la decisión sobre este acuerdo, «sin injerencias», y ha atribuido la polémica a una «nueva pataleta» de Caballero.
Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha valorado que el acuerdo alcanzado avanza en una «efectiva descentralización» y contempla requisitos y plazos «verificables». Además, lejos de suponer una renuncia, «abre la puerta» a que Vigo pueda tener su propia facultad de Medicina en el futuro.
Por ello, ha censurado el «desprecio» a la autonomía universitaria por parte de Caballero, que «no tiene reparo en desautorizar al rector y a su Consello de Goberno», y ha concluido que la posición del alcalde es «una pataleta infantil» motivada por su «frustración personal» por no haber podido añadir a su currículo el cargo de rector de la UVigo. «Están fuera de la realidad», ha sentenciado.
Reprobación fallida a Óscar Puente
Por otra parte, en el pleno ordinario de este lunes también se ha debatido una moción presentada por el PP (rechazada con los votos en contra del PSOE y la abstención del BNG), en la que pedía la reprobación del ministro Óscar Puente por «dejar a Vigo fuera del mapa» de las conexiones ferroviarias de AVE, ignorando la conexión directa a Ourense y Madrid por Cerdedo y retrasando la conexión por la salida sur con Oporto.
Luisa Sánchez ha criticado que el ministro socialista está «empeñado en aislar a Vigo por tierra, mar y aire», y ha afeado al alcalde que justifique la posición del Gobierno central, en lugar de reclamar los proyectos. «Vigo necesita algo más que fotos, necesita un alcalde que defiende la ciudad, y que deje de ejercer de jefe de propaganda de Moncloa», ha subrayado la concejal y presidenta local del PP.
En respuesta, el socialista López Font ha recordado que Óscar Puente ya aclaró la posición del Ministerio y reafirmó su compromiso con el AVE por Cerdedo en una conversación con el alcalde. «Si Pedro Sánchez es el mejor presidente de la historia para Vigo, ¿cómo le iba a fallar a la ciudad?», ha proclamado.
El portavoz nacionalista, por su parte, ha censurado el «cinismo político» del PP por reclamar infraestructuras que no impulsó cuando gobernaba, una posición que han perpetuado después los gobiernos socialistas, ha añadido.
«Expropiación por la puerta de atrás»
Otra de las mociones tratadas en el pleno ha sido la del PSOE relativa a la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2026, una ley que introduce una disposición adicional a la norma 6/2023 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Dicha disposición, ha denunciado el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, persigue una «expropiación por la puerta de atrás» del edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín, cuya propiedad está ahora mismo en disputa entre Xunta y Ayuntamiento (con un proyecto autonómico para construir un centro de asociacionismo paralizado tras revocar el Ayuntamiento la licencia).
Aneiros ha denunciado que esta ley de acompañamiento, en ese punto, «debería llamarse ley de incautación de bienes de otras administraciones» y ha advertido de que es «manifiestamente ilegal e inconstitucional». El concejal socialista ha defendido que ese edificio es propiedad municipal y ha reclamado a la Xunta que suprima esa disposición adicional y que se «abstenga de vulnerar la legalidad» con «actuaciones casi delictivas».
El PP ha defendido que la norma es «legal» y ha subrayado que las «graves acusaciones» del gobierno local no tienen otra meta que, de nuevo, impedir una inversión (en este caso de 20 millones de euros) de la Xunta en la ciudad de Vigo. «Se trata de regularizar el patrimonio y de evitar pleitos y bloqueos como el que haciendo el Ayuntamiento», ha explicado Miguel Martín, que ha recordado que ese inmueble fue transferido por el Estado a Galicia y que está inscrito en el inventario de bienes autonómicos.
Finalmente, el BNG también ha afeado a la Xunta que utilice la ley de acompañamiento para «abrir la puerta» a la incautación de bienes municipales, pero ha censurado que tanto el gobierno gallego como el local persisten en su «confrontación permanente» y en actuar con «falta de lealtad».
Al respecto, ha pedido que el futuro de ese edificio se decida por consenso, que la Xunta no lo «incaute» y que el gobierno vigués deje de utilizar el bloqueo en esta cuestión «como arma política».
