El gobierno municipal de Vigo ha remitido una carta a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático instando a retomar el proyecto para garantizar el abastecimiento de agua al área, y que contempla, entre otras actuaciones, una captación en el río Verdugo para trasvasar agua a Eiras, la construcción de una nueva presa y un trasvase desde el Miño a la presa de Zamáns, actuaciones valoradas en su momento en unos 67 millones de euros.
La Xunta ha respondido al Ayuntamiento olívico recordando que la alternativa planteada no resuelve los problemas planteados y, en todo caso, cualquier actuación sería de tal envergadura e inversión que debe ser declarada de interés general y tramitada por el Gobierno central.
Así, en una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, fechada el pasado 25 de agosto y firmada por el concejal de Fomento, Javier Pardo, el gobierno local vigués recuerda que el estudio de alternativas para garantizar el abastecimiento a largo plazo, y que se enmarca en un convenio del año 2019, ya fue entregado en abril de 2022 y que hace más de un año (en mayo de 2024) que el Ayuntamiento olívico pidió a la Consellería de Medio Ambiente que tramitase la solicitud de determinación de alcance del estudio de impacto medioambiental para implementar la alternativa considerada óptima por el informe.
«Esta comunicación no tuvo contestación, ni tuvimos conocimiento de que se iniciasen los trámites ambientales por lo que, una vez más, reiteramos la necesidad de que, por parte de la Consellería, se impulse esta actuación, acordada entre las tres administraciones y necesaria para garantizar el futuro de Vigo y de toda la zona sur de la provincia de Pontevedra», concluye la carta del gobierno local.
Evitar acciones de «eficacia limitada»
En respuesta a esa carta, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, ha enviado una comunicación al Ayuntamiento en la que expresa el acuerdo de la Xunta con la necesidad de «anticipar medidas» para afrontar el futuro abastecimiento, pero matiza que dichas medidas deben «ajustarse a las necesidades reales de cada momento y basarse en datos objetivos y actualizados», para «priorizar» las actuaciones «más eficaces y urgentes».
Al respecto, señala que los estudios técnicos concluyen que, con la demanda actual, los embalses de Eiras y Zamáns garantizan el abastecimiento y, en el momento en que se elaboraron los documentos del informe la solución «se reducía a la necesaria reforma de la potabilizadora» (la nueva ETAP de Vigo está operativa desde principios de este verano al cien por cien, tras una inversión de unos 25 millones de euros, impulsada por el Ayuntamiento).
Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento «información actualizada» sobre el estado de estas instalaciones y su capacidad real para optimizar los volúmenes almacenados en el embalse de Eiras.
Por otra parte, con respecto a las demandas futuras de agua, en el horizonte 2070, la Xunta ha insistido en que es imprescindible «abordar con rigor y con el debido sosiego la tramitación de las soluciones estructurales», para buscar un procedimiento que asegure la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las actuaciones (además de la compatibilidad con la planificación hidrológica).
En ese sentido, Augas de Galicia pide «evitar respuestas parciales o de eficacia limitada, como la solución formulada en el río Verdugo», que «no resuelve los problemas» e implica grandes afecciones ambientales y sociales. «Las actuaciones que se promuevan deben aportar soluciones sólidas y duraderas, con plenas garantías para la ciudadanía y para el medio natural», señala el organismo autonómico en la respuesta enviada al Ayuntamiento.
Tramitación por parte del Estado
Además, ha matizado, tal y como había apuntado cuando se conoció la alternativa planteada, que la envergadura de las actuaciones propuestas, que afectan a varios municipios (de hecho, en su día, el alcalde socialista de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, ya manifestó su rechazo absoluto al proyecto) y a dos demarcaciones hidrográficas, una de ellas internacional), debe llevar a que la tramitación ambiental sea desarrollada por la Administración General del Estado «como obra de interés general».
Así lo trasladó la Xunta en su momento a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y ha vuelto a pedir que se tenga en cuenta ese criterio para «evitar esfuerzos administrativos innecesarios y garantizar que la tramitación ambiental correspondiente se impulse por el órgano estatal competente, en su momento oportuno».
