En un plazo de trece meses, el 7 de junio de 2025, vence el contrato del transporte urbano de Vigo que desde el año 1995 ostenta Vitrasa. Será un punto y aparte en el largo vínculo de 35 años que une al Concello de Vigo y Viguesa de Transportes S.L, independientemente de que suponga un punto y final o un punto y seguido en la relación entre ambos.
El «inminente» fin del contrato más importante del Consistorio vigués, adjudicado en septiembre de 1994, obliga al gobierno local a fijar una hoja de ruta para estar preparados cuando llegue el momento mientras continúa la incertidumbre sobre el reequilibrio económico que la empresa exige para compensar las pérdidas y, al mismo tiempo, tienen lugar las negociaciones en el seno de la compañía con los trabajadores tras cesar una huelga indefinida que superó los tres meses.
El pasado viernes, el gobierno local aprobó el nombramiento de tres interventores técnicos ante el final del contrato y también trasladó formalmente a Vitrasa la imposibilidad de una nueva prórroga del contrato.
Interventores
Los interventores designados son la jefa del servicio de Transportes Carmen Pintado y los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Xacobe Paz Salgado y Jerónimo Centrón Castaños.
A partir de ahora, la labor de esos tres interventores será garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones que rige la concesión, que entró en vigor el 8 de junio de 1995. Su tarea fundamental será velar por la conservación de las instalaciones y el material que, una vez prescrito el contrato, tendrán que ser devueltas al Concello de Vigo, e informar sobre las reparaciones y reposiciones necesarias, requiriendo a la concesionaria que las efectúe sobre los plazos previstos.
En concreto, los terrenos e instalaciones que ahora ocupa Vitrasa pasarán a disposición del Concello de Vigo, transmitiéndole la propiedad libre de todo tipo de cargas. En cuanto al material móvil relacionado con el servicio, el pliego fija también que el Consistorio podrá adquirirlo parcialmente o en su totalidad o bien determinar que éste sea adquirido por el nuevo concesionario, en el caso de que sea otra la empresa que se haga finalmente con el contrato.
El segundo acuerdo de la junta de gobierno fue la comunicación a la concesionaria de la inoperabilidad de la prórroga tácita prevista en el pliego de cláusulas administrativas de la concesión.
En concreto, recuerda que la prórroga actual de cinco años se aprobó el 5 de junio de 2020 –en plena pandemia de Covid– y con vigencia hasta el 7 de junio de 2025 a pesar de que en el año 2018, el gobierno local había acordado evitar dicha prórroga y licitar el contrato antes de 2020, evitando dicha prórroga tácita que finalmente se otorgó.
El acuerdo recuerda además que el pliego de condiciones establece que la duración máxima de la concesión administrativa para la explotación del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de Vigo será de 25 años, prorrogables por periodos de 5 años y hasta un límite de 35 años, incluyendo el plazo fijo.
Por ello, la junta de gobierno ha acordado comunicar este hecho a la empresa, aunque en el expediente se recoge que esta comunicación se hace «con independencia de que, de ser necesario, y al amparo de la normativa aplicable, pueda ser adoptado un acuerdo de prórroga expresa con anterioridad al vencimiento de la actual prórroga, a fin de garantizar la continuidad del servicio».
Dos meses antes, en marzo, también remitió al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio previo de la licitación de un nuevo concurso, que fija un plazo de vigencia para el nuevo contrato de 120 meses (10 años).
Reuniones entre trabajadores y empresa
Las reuniones entre los representantes de los trabajadores y responsables de Vitrasa comenzaron el pasado 21 de marzo tras el final de una huelga que se prolongó durante 108 días. Desde entonces, se celebran periódicamente una vez por semana, aunque «con pocos avances por el momento».
Según han señalado desde el comité de empresa, sobre la mesa por ahora tan sólo están las cuestiones sociales ya que la empresa no quiere abordar el tema económico hasta recibir la compensación por parte del Concello.
Es el famoso reequilibrio económico por las pérdidas sufridas durante la pandemia y cuya cuantía oficial se desconoce aunque extraoficialmente se conoce que la empresa reclama 30 millones y que el Concello tan sólo estaría dispuesto a abonar 12 (más otros 2 por la compensación por las tarifas de 2021).
De cara a los encuentros semanales, las partes han acordado alternar entre las reuniones de convenio y la comisión de líneas y horarios, otro de los conflictos latentes ya que tras el fin de la huelga hubo una pérdida significativa de líneas y frecuencias que se ha ido recuperando progresivamente, algo que la empresa atribuye a las vacaciones y las numerosas bajas entre el personal.
Remunicipalizar el servicio
También el viernes, el grupo municipal del BNG anunció una ofensiva para remunicipalizar el servicio al considerar que la actual gestión privatizada «solo beneficia a la empresa concesionaria». Al respecto, ha reclamado la creación de una empresa pública municipal de transporte para asumir el servicio cuando acabe la actual prórroga de la concesión.
«Se abre una oportunidad histórica para implementar un modelo de transporte público a la altura de la mayor ciudad de Galicia», subrayan desde el grupo nacionalista.
Otra de las quejas del BNG, que también han trasladado en reiteradas ocasiones desde el PP es el recorte de las líneas que, a su entender, permanecen, con 154 frecuencias menos los fines de semana en las líneas 5,7, 10, 12A, 16, 17, 24 y 29, 53 días después del final de la huelga indefinida.
