El Concello de Vigo ha publicado el anuncio previo de la nueva concesión del transporte urbano en la ciudad por un periodo de diez años, como se había anunciado, y una cantidad que se eleva hasta los 468,6 millones de euros (IVA incluido). Es el último megacontrato que restaba por lanzarse, tras resolverse ya el de la recogida de basuras, por un importe ligeramente menor. El del transporte urbano es, por tanto, el de mayor cuantía de la ciudad de Vigo y según el documento publicado, el objetivo es que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Finalmente se ha cumplido lo dicho el pasado mes de enero por el alcalde, Abel Caballero, de que se licitaría el nuevo contrato antes de junio de 2025. Así lo indicó a preguntas de los medios, sobre el inminente fin de esa concesión, de uno de los contratos más ‘jugosos’ en la ciudad, ya que es un servicio que se adjudica por un periodo de muchos años y supone un desembolso millonario para las arcas públicas. Lo que parece más complicado es que se haga realidad lo que también avanzó el regidor vigués, de que se resolvería antes de esa fecha.
«Se están haciendo los informes, y (el concurso) se hará en tiempo y forma, y ganará el mejor»» informó entonces Caballero, que insistió en que «antes de junio de 2025 estará resuelto». «La nueva licitación está en marcha», aseveró.
En junio de 2025, precisamente, finaliza la última prórroga de la concesión del bus urbano, que entró en vigor en 1995. El contrato finalizó en 2020, año en el que se acordó una prórroga de la concesión por cinco años debido a los efectos de la pandemia de Covid en el servicio, y la vigencia de dicha prórroga finaliza a principios de junio de este año.
En marzo de 2024 se remitió una comunicación al Diario Oficial de la UE con el anuncio previo de licitación de la prestación del servicio publico de transporte colectivo urbano de viajeros del municipio de Vigo, así como la prestación del servicio de autobús turístico cultural. Ya entonces se indicaba que el contrato sería por un periodo de 10 años, que según el anuncio previo se divide en nueve años de contrato más uno de prórroga. La cantidad, sin impuestos, asciende a 391,2 millones y el contratista estará obligado a acometer inversiones por un importe que la memoria económica estima en más de 69 millones de euros, inversiones que, en todo caso, no son susceptibles de ser empleados en el resto de la actividad productiva del contratista.
