Con el cambio de año, algunas ciudades españolas han puesto en marcha sus zonas de bajas emisiones (ZBE) para cumplir con los mandatos europeo y estatal. Vigo no es, por ahora, una de ellas. Y aún tardará unos meses en activar esa restricción de accesos a estas áreas delimitadas. Pese a las reiteradas preguntas de la prensa, Abel Caballero no ha querido informar este martes de la fecha de entrada en vigor de esta normativa y se ha limitado a decir que se entablarán contactos con la ciudadanía “en febrero o marzo”.
El alcalde vigués también ha rehusado aclarar con qué colectivos o asociaciones se reunirá. “Ya diré yo con quiénes y cuándo”, declaró. “Yo marco los tiempos”, añadió en respuesta a los periodistas.
La creación de estas zonas de bajas emisiones depende de los ayuntamientos, que afrontan en mayo unas elecciones municipales que parecen condicionar la puesta en funcionamiento de una medida muy impopular. En el caso de Vigo, se han establecido cuatro espacios que fueron anunciados en septiembre de 2022. Esa propuesta, según indicó este martes Caballero, ha sido “enviada a Europa”, con quien “ya hemos cumplido”.
Tampoco suele dar votos multar. Coincidencia o no, el regidor local ha lanzado el mensaje de que no prevé imponer sanciones económicas a quienes infringan la futura ordenanza. Lo que no ha aclarado es cómo garantizará su cumplimiento.
Caballero ha anunciado y remitido a las autoridades comunitarias un diseño que se debe implantar cuanto antes, pero al mismo tiempo sostiene que las ZBE solo “van a funcionar si es fruto del acuerdo” y asegura que “sobre ellas seguiremos trabajando en los próximos meses” para alcanzar un “consenso ciudadano”.
El mandatario municipal argumenta igualmente que la transición ecológica “tiene que ser justa” y “no puede recaer sobre unos ciudadanos más que sobre otros”. Es decir, “no puede depender de la capacidad económica de la gente”, ya que las personas con menor poder adquisitivo pueden tener dificultades para acceder a un vehículo nuevo o menos contaminante.
