El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha condenado al Concello de Vigo a pagar a Dornier, actual y anterior empresa responsable del servicio de la zona azul, un total de 3,59 millones de euros por liquidar de forma errónea en 2014 el último contrato de la Xestión do Estacionamento Regulado (XER).
De esta manera, el Ayuntamiento olívico sufre otro revés judicial con las concesionarias de la ciudad que le aboca a afrontar una indemnización millonaria. Ya sucedió con el desembolso de 34 millones que tuvo que efectuar con el rescate del auditorio Mar de Vigo y con los cerca de 17 millones destinados a salvar los aparcamientos de Jenaro de la Fuente y Castelao.
La existencia de esta sentencia ha sido desvelada este viernes por el grupo municipal de la Marea de Vigo, que ve refrendada así su opinión sobre la gestión “totalmente irregular” que ha realizado el Gobierno de Abel Caballero con ciertos contratos públicos.
A la espera de saber si el Concello recurrirá este fallo, el portavoz de la formación, Rubén Pérez, ha denunciado que la “dejación absoluta de funciones” a la hora de supervisar el trabajo de las concesionarias puede costar ya a las arcas municipales cerca de 55 millones de euros.
Pérez ha destacado que el juez, en su dictamen, deja claro que no comprende por qué el Concello pasó cuatro años (hasta 2018) sin hacer ninguna gestión con este contrato de la zona azul. “No es esperable que la administración tardase cuatro año en suscribir un nuevo contrato”, expone el magistrado.
Marea de Vigo considera que el gran “talón de Aquiles” del Gobierno local es la “barra libre” que consiente a las concesionarias, que carecen a su juicio de la debida supervisión. Una “mala gestión” que “puede ser interesada” para a cambio obtener “otras prebendas”. “Todos sabemos quién pagó la Pass Vigo”, advirtió.
Pérez llamó, además, a “sacar a Dornier de la contratación pública de este Ayuntamiento” por no estar cumpliendo varias cláusulas del actual pliego, como la instalación de los puntos de recarga para coches eléctricos, o por haber despedido a varios trabajadores nada más serle adjudicada la nueva concesión. “Es bastante evidente que hay que revocar el contrato”, finalizó.
