Una viguesa que trabaja en Alemania y que es propietaria de una vivienda heredada en la calle Pardavila de Vigo ha denunciado que hace más de un año que no puede acceder a la casa porque está okupada, y que, además, en todos estos meses, ha estado pagando miles de euros por los suministros de luz, agua e incluso internet, que disfrutan los usurpadores.
Los juzgados de Vigo han acogido este jueves dos vistas por estos hechos. En el primero de los casos, la mujer denunció al primer okupa, que se instaló en la vivienda entre finales de marzo y primeros de septiembre del año pasado sin su autorización, y aseguró que, al marcharse, se llevó todo lo que pudo. De hecho, ha lamentado que en esa casa no solo había mobiliario y electrodomésticos, sino ropa o recuerdos personales y familiares.
En esa causa, que ha sido juzgada este jueves en el juzgado de instrucción 1, tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman que el presunto autor de la usurpación devuelva unos 1.500 euros de gastos que tuvo que afrontar la propietaria, además de la indemnización por daños morales. Con todo, el acusado no se presentó a la vista.
La segunda vista se ha celebrado en el juzgado de instrucción 7 de la ciudad, pocos minutos después. En este caso, sí se presentaron las acusadas, dos mujeres, tía y sobrina, que aseguraron ante el tribunal que estaban pagando una renta mensual de 750 euros al propietario de la casa, un tal Alberto, que resulta ser el primer okupa denunciado.
Las mujeres presentaron un contrato de arrendamiento, mientras que la perjudicada presentó el testamento conforme había heredado la casa de sus padres, así como las facturas de los gastos en que había incurrido (aunque los suministros siguen a nombre de su padre).
Indemnizaciones y desalojo
Por estos hechos, tanto la Fiscalía como la acusación particular interesan que las dos acusadas sean condenadas al pago de una multa de 900 euros, a pagar las facturas de los suministros durante su estancia en la casa okupada (que todavía habitan) y los billetes de avión de la perjudicada, por el desplazamiento desde Alemania para afrontar este problema.
Esos gastos se estiman, con facturas, en 2.180 euros, a los que habría que sumar el último recibo del agua, que aún no está facturado, y que asciende a unos 700 euros. También se sumarán el resto de consumos que se siguen haciendo y los daños que se periten en el interior del inmueble.
Además, las acusaciones piden que las procesadas indemnicen solidariamente a la propietaria de la vivienda en 6.000 euros por los daños morales, y que se dicte orden de desalojo «inmediato».
La representación de la perjudicada y el ministerio público consideran que el contrato de arrendamiento presentado por las acusadas «no demuestra nada», ya que no se ha probado que su supuesto arrendador sea el dueño de la casa. De hecho, la Fiscal ha sugerido que dicho documento pudo haberse preparado ‘ad hoc’ para el juicio de este jueves, y ha subrayado que la vivienda tiene unos consumos de agua y luz «de envergadura» que sus moradoras «no pagan».
Libre absolución
Por su parte, las letradas de la defensa han pedido la libre absolución. En el caso de una de las acusadas, porque cuenta con un contrato de alquiler que es «un título justo de arrendamiento» y, en el caso de su tía, porque solo está en la casa «circunstancialmente», ya que tiene fijada su residencia en Ferrol.
Además, han añadido, no hay ningún documento, al margen del testamento, que confirme que la perjudicada es la dueña de la vivienda: «no se aportaron recibos a su nombre, no aportó título de propiedad, ni del registro, no hay ningún recibo catastral a su nombre, ni impuesto de sucesiones, han venido a juicio sin nada».
