La sección quinta de Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha suspendido la entrada en prisión de Francisco Javier Gutiérrez Orúe, alto funcionario del Concello de Vigo condenado a cinco años de cárcel por enchufar a la cuñada de la teniente de alcalde y también presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, hasta que el Consejo de Ministros de pronuncie sobre su petición de indulto.
En cuanto a Ramón Comesaña, administrador de la concesionaria Imesapi, empresa a través de la cual se contrató fraudulentamente a la cuñada de Silva, el tribunal ha suspendido la pena de entrada en prisión durante dos años, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
Francisco Javier Gutiérrez Orué fue condenado en febrero de 2019 a 5 años y 3 meses de prisión por la sala quinta de la Audiencia de Pontevedra por un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental, pena confirmada el pasado diciembre por la Sala II del Tribunal Supremo.
En cuanto a Comesaña, se le condenó por los mismos delitos pero en condición de cooperador necesario para su comisión a las penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el periodo de dos años y seis meses. Gracias a ellos, la cuñada de Silva cobró 108.000 euros de dinero público por un trabajo que nunca realizó.
El pasado febrero, Gutiérrez Orué solicitó el indulto y la entrada en prisión en un escrito remitido al Ministerio de Justicia en el que expuso que es “un delincuente primario” y que ha reparado el daño causado al haber pagado la parte de la multa que le correspondía.
Añadía que tiene una trayectoria intachable como trabajador público, que es un hombre concienciado con los derechos sociales, como demuestra su afiliación al sindicato UGT y al PSOE, y que es padre de familia con abuelos y nietos, además de haberse casado el año pasado con su pareja.
En el escrito, su letrada aseguraba que se muestra “profundamente arrepentido de lo que hizo” y que el hecho de que cumpla la pena de prisión no le beneficiaría ni a él, puesto que no serviría no para su reinserción o rehabilitación, ni a la Administración que resultó perjudicada por su conducta.
La difusión de la solicitud de indulto despertó la indignación de todos los partidos políticos en el pleno del Ayuntamiento de Vigo salvo del Partido Socialista, que gobierna en la ciudad con mayoría absoluta.
Poco después, se supo que asociaciones sociales, culturales, deportivas y hasta vecinales de la Vigo solicitaron el indulto del Gutiérrez Orué, y que todos lo hicieron con un escrito idéntico, de lo que el PP dedujo que fueron sometidas a presiones por parte del Gobierno local, del que reciben los fondos que les permiten mantener su actividad.
