El proyecto para reformar el conjunto de edificios que Zona Franca adquirió en López Mora hace ya cinco años a Abanca con el objetivo de convertirlo en el nuevo icono empresarial de Vigo será un 34% más caro al mismo tiempo que tardará tres meses más en tenerse.
Y es que el Consorcio acaba de aprobar un modificado del contrato formalizado con el estudio de arquitectura de Carme Pinós, la arquitecta y Premio Nacional de Arquitectura 2021 que se había alzado con el concurso de ideas convocado por el organismo en el año 2023 y que, bajo el nombre de ‘Novos Fluxos’, pretendía convertir la parcela de 8.500 metros cuadrados «en un espacio público abierto, transitable y que comunicase diferentes niveles y calles a través de un jardín», según se destacó en el momento de abrir las plicas de dicho proceso.
En marzo del pasado año 2024 se adjudicó el contrato con el estudio catalán por un importe total de 786.500 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 30 meses para llevar a cabo diversas actuaciones.
Exactamente, el completo contrato fijaba: “Estudio de mercado, desarrollo del programa de necesidades, en su caso, redacción del Estudio de detalle, Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución y 50% de la Dirección Facultativa compartida con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y arquitecto Pérez Bellas, en Vigo”.
Y para todo ello se establecían diferentes fases que, en el cómputo global, tenían que estar rematadas en un plazo de 30 meses desde la fecha en la que se formalizó el documento administrativo, que fue el 19 de abril de 2024. Es decir, se establecía el último trimestre del año 2026 como fecha fin para tener listos estos trabajos.
Pues esa fecha ya no se cumplirá habida cuenta de la modificación que el pasado 25 de marzo de este año obtuvo el visto bueno del Comité Ejecutivo de Zona Franca, quien adoptó -por unanimidad de sus miembros- el acuerdo de enmendar el contrato inicial por un importe de 221.125 euros más, lo que supone, según reza el documento donde la secretaria general de Zona Franca certifica la resolución, «incrementar un 34,02% el precio del contrato inicial (650.000 euros, IVA excluido), y un aumento del plazo de los servicios de la dirección facultativa y compartida de las obras de tres meses más», establece.
Con todo, y según justifican desde el organismo estatal, este modificado «viene motivado» por circunstancias que, como matizan, «fueron sobrevenidas e imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato».
Catas y demoliciones
Así, los plazos de las primeros trabajos del contrato se han realizado. De hecho, desde el servicio de Obras y Suelo del organismo estatal se justifica que actualmente «se encuentran entregadas en plazo y abonadas las dos primeras fases», relativas al estudio de mercado y desarrollo del programa así como al que corresponde al anteproyecto, que se entregó el pasado 9 de septiembre, estando «en marcha» a día de hoy la elaboración del Proyecto Básico, cuyo plazo de redacción de tres meses, apuntan, «el Consorcio considera que se inició el pasado día 6 de febrero de 2025».
Y aquí es donde se han encontrado los problemas que han motivado la modificación del proyecto. Según detallan, para afrontar esta fase y conforme se recogió en la propuesta negociada y suscrita con el estudio de arquitectura, desde Zona Franca se comenzó la realización «de unas catas y pequeñas demoliciones en los edificios para estudiar tanto las cotas definitivas como las características estructurales que el proyecto requería para ser desarrollado».
Estos estudios -revisados por el especialista de estructuras- detectaron «discrepancias» que, según subrayan en el expediente, eran «totalmente desconocidas e imprevisibles» hasta la fecha actual pero, para más inri y como apuntan, «respecto a la información que arrojaban los planos base, facilitados por los anteriores propietarios de los edificios», es decir, Abanca, entidad a la que le compró los inmuebles por un total de 12,3 millones de euros.
Diferencias en las estructuras de los edificios
Es por ello por lo que consideran que el análisis de estos datos «dificulta y altera de forma sustancial» el desarrollo del proyecto básico pero también del proyecto de ejecución argumentando que tanto «la estructura y sus armados se encontraban ocultas hasta que se han iniciado las catas».
De hecho, especifican como principales motivos las diferencias de cotas en los forjados, los descuelgues de vigas y altura de plantas, las diferencias en la estructura del edificio principal (el número uno) que, según detallan, «difiere de lo recogido en los planos iniciales de forma sustancial, lo cual conlleva a reconsiderar la ubicación de la sala polivalente» o, también, se centran en la estructura del edificio número cuatro -el que se va a destinar a la incubadora StarTIC– y en el que observan «que las zapatas están situadas a una profundidad mucho mayor a lo esperado, lo que supone mayor complejidad en el diseño estructural obligándonos a
reconsiderar su tratamiento y posible refuerzo», explican pormenorizadamente en el informe al que ha tenido acceso VIGOÉ.
Con todo, los técnicos de Zona Franca concluyen que «todo esto obliga a replantear lo recogido en el anteproyecto» calificando de «necesario» estudiar y desarrollar soluciones estructurales «mucho más complejas que, sin duda, implicarán una mayor dedicación y tiempo de trabajo, un mayor número de profesionales para afrontar su ejecución, una mayor especialización de los técnicos proyectistas y también, en la fase de la dirección facultativa de las obras, hará necesario un seguimiento mayor por parte del especialista en estructuras para ejecutar de forma correcta todos los detalles que será necesario recoger en el proyecto de ejecución final», argumentan.
Salvar la subvención para la incubadora
Y a mayores, hacen mención también a otra «serie de circunstancias» que Zona Franca «no podía haber previsto» en el momento de formalizar el contrato en abril del pasado año 2024 y que, según informan, «afectan de manera evidente a otros elementos del contrato».
Se refieren aquí a la iniciativa que Zona Franca, Cámara de Comercio y Gradiant elevaron a convenio para impulsar y regular la nueva incubadora starTIC que se ubicaría en el edificio número cuatro -también afectado estructuralmente- y que, como bien recuerdan, cuenta con una subvención europea que fue formulada por la Dirección General de la Fundación INCYDE -dictada el pasado 2 de agosto de 2024-.
Dicho planteamiento y el hecho de tener concedida una ayuda con fondos europeos es lo que les «obliga» a «agilizar los plazos de entrega de dicho edificio respecto a los planteados» al inicio de la actuación pero también, como subrayan, al momento en el que «fueron aprobadas» las bases del concurso de ideas por el que resultó ganador el estudio de Carme Pinós.
De este modo, su intención es «desglosar y separar el presupuesto y los planos» de este inmueble en el proyecto de ejecución del conjunto con el objetivo de poder licitar la ejecución de las obras «de forma anticipada e independiente para este edificio» y evitar la pérdida de la subvención concedida.
