Los grupos municipales de PP y BNG en el Concello de Vigo han salido este viernes al paso de lo que ya consideran el «escándalo» Guns&Roses.
En distintas comparecencias ante los medios de comunicación, los portavoces de ambas formaciones han reclamado «ceses inmediatos» en el gobierno local liderado por Abel Caballero así como que el regidor «pida perdón» y «dé explicaciones» a los vigueses y viguesas por tener que «asumir» una factura «millonaria» que alcanzaría los 2 millones de euros (IVA incluido), que saldrán de las arcas municipales.
Mientras, el alcalde Abel Caballero evitó este viernes tratar el asunto siendo el portavoz municipal, Carlos López Font, el que, a través de un audio remitido a los medios de comunicación, se ha limitado a insistir en que el Concello recurrirá la sentencia, de la cual, señala, «contiene inexactitudes y errores manifiestos».
PP de Vigo: «¿El juez también es ‘antiVigo’?
El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Miguel Martín, se cuestionó también este viernes si, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Vigo y la primera explicación del gobierno local vía comunicado de prensa, se trata de una resolución que proviene de un juez que «¿también es ‘antiVigo’?», preguntó.
Es por ello por lo que exigió la «asunción de responsabilidades» de manera «urgente» así como el «cese inmediato» de los dos concejales que considera responsables directos de este «turbio asunto».
Se refiere al que en su momento era edil de Fiestas, Pablo Estévez -«responsable de la carta de interés ocultada y negada»-, así como de Patricia Rodríguez, presidenta de la mesa de contratación «que tumbó el concurso sin justificación alguna y de una manera contraria a derecho», consideró.
Y más allá de apuntar al alcalde Caballero como «máximo responsable político», señaló que Rodríguez «es la responsable de haber generado este conflicto judicial. Ninguno de los dos puede permanecer un minuto más en su puesto», zanjó Martín.
Además, consideró que todavía quedan «muchas preguntas por responder y dudas que aclarar», por lo que avanzó que el grupo popular promoverá la celebración de un Pleno Extraordinario para que el regidor «no se escape de sus responsabilidades y cumpla con su deber de dar las explicaciones que la ciudad demanda y se merece».
«Debe pedir perdón por este escándalo sin precedentes que ha afectado muy seriamente a la imagen de la ciudad», soltó el portavoz de los populares puesto que, como dijo, «Vigo hoy es noticia en toda España por este escándalo».
Con todo, los populares señalaron que «se reservan» la posibilidad eventual de emprender acciones legales a tenor de la sentencia que, como subrayaron, «es absolutamente demoledora» contra el gobierno de Abel Caballero.
Sin entrar en mayores detalles, Martín informó «estudiarán todas las posibles vías» ante el caso, sin descartar la posibilidad de la vía penal ya que, como consideró, la resolución judicial «da a entender que podría acometerse algo más». «No descartamos nada», soltó.
Y es que el PP pone el foco, también, en la lectura que hace el juzgado sobre la manera y las formas en las que se declaró desierto el concurso así como en la «imagen que queda de Vigo por los suelos», tanto a nivel nacional como en el mercado musical de artistas internacionales. «¿Qué grupo de primera línea mundial se va a fiar para venir a tocar a Vigo»», se pregunta.
Por último, insistió en la «tomadura de pelo» a los vigueses y viguesas y en la «chapuza monumental» que llevó a cabo el Concello de Vigo durante este procedimiento. «Hay irregularides manifiestas y demostradas por parte del gobierno de Abel Caballero, que ha sido absolutamente negligente e incompetente», concluyó.
BNG de Vigo: «Mintió de manera descarada y torpe»
Por su parte, desde las filas nacionalistas, exigieron también la comparecencia del alcalde ante el Pleno municipal así como el cese de la edil de Contratación, Patricia Rodríguez.
Además, los nacionalistas estudian también trasladar un escrito a Fiscalía para instarla a iniciar actuaciones para que «los responsables respondan delante de la justicia», señaló Xabier P. Igrexas.
«Más allá de las implicaciones administrativas y económicas, en la sentencia queda acreditado que el gobierno municipal mintió de manera tan descarada como torpe», valoró en rueda de prensa el portavoz municipal.
Así, reclamó que el regidor comparezca «de manera urgente para dar explicaciones de una vez sobre este escándalo», al mismo tiempo que demandó que «permita crear una comisión de investigación, ya solicitada sin éxito por el propio BNG» durante el pleno extraordinario promovido en septiembre de 2023 «y vetada por el grupo socialista, para llegar hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga», recordó.
«El escándalo sin precedentes que supone el caso Guns&Roses no puede quedar en nada o impune, o solo en una millonaria factura que deberá ser abonada con dinero de todas las viguesas y vigueses», advirtió asegurando que el gobierno municipal tiene que responder también «por las irregularidades jurídicas» acreditadas en la sentencia del Contencioso.
Así, los servicios jurídicos del Bloque evalúan ya la posibilidad de demandar a la Fiscalía que inicie actuaciones por los graves hechos constatados en el fallo judicial. «Los responsables deben responder delante de la justicia», remachó.
Y es que consideran que la sentencia acredita las «graves irregularidades» y deja en evidencia «de manera incontestable» que el gobierno de Caballero «no respetó los procedimientos legales para la contratación pública».
«El fallo del Contencioso prueba que existía un acuerdo y contactos previos con la promotora del concierto, demostrando que la carta de interés desvelada públicamente por el Bloque -a pesar de las trabas del Gobierno local para facilitar el acceso a la documentación- no era un documento tipo como afirmaron varios miembros del ejecutivo», señaló este viernes.
Y van más allá ya que, para Igrexas, la resolución constata «que el pretendido concurso público abierto para el patrocinio publicitario del concierto fue una farsa» pues, matiza, «fue diseñado ad hoc para financiar el concierto que ya estaba acordado previamente».
Por estos motivos, el BNG considera imperativo que se retiren de inmediato las competencias del área de contratación y fiestas de la concejala Patricia Rodríguez por su responsabilidad directa en las irregularidades del concurso. «No puede permanecer en el gobierno de la ciudad ni un minuto más», remató Igrexas.
El gobierno de Caballero insiste en recurrir la sentencia
Mientras, desde el gobierno local de Vigo, la única persona que habló sobre el asunto para dar explicaciones al respecto fue el portavoz, Carlos López Font, y a través de un audio remitido a la prensa, donde se limitó a insistir en que el Concello recurrirá la sentencia y a aclarar que el Ayuntamiento «actuó en todo momento defendiendo los intereses del Concello y de la ciudad de Vigo».
Además, insistió en que desde Praza do Rei «no se pagó ni un céntimo porque se convocó un contrato de patrocinio publicitario abierto que la mesa de contratación declaró desierto porque la única licitadora que concurrió incumplía los requisitos», señaló, matizando que desde el gobierno local «creemos que no se cumplieron las prestaciones publicitarias y creemos, con todo nuestro respeto al juez, que la sentencia contiene inexactitudes y errores manifiestos«, soltó.
En todo caso, argumentó que desde el Concello «velamos en todo momento por los recursos públicos» al tiempo que insistió en el recurso de la sentencia «porque consideramos que no responde a la realidad de un contrato administrativo público de patrocinio publicitario». «Es una primera sentencia, recurrible que forma parte de un proceso que este gobierno seguirá, defendiendo los intereses de la ciudadanía», finalizó.
Otros artistas «cumplían los requisitos»
Por otra parte, y a preguntas de Europa Press remitidas por escrito al gobierno local sobre los contactos previos con la promotora, fuentes municipales insisten simplemente en que la sentencia da lugar a «confusión» al hablar de un expediente de un contrato negociado sin publicidad que no existe.
Igualmente, preguntadas por la afirmación del juez, de que el pliego de condiciones del contrato de patrocinio se hizo a medida de la promotora con la que previamente habían negociado, las mismas fuentes alegan que «en ese momento giraban a la Península Ibérica al menos 8 artistas que cumplían los requisitos».
Sobre la declaración del concurso desierto a pesar de que, según el juez, la promotora (y única licitadora) cumplía los requisitos, han respondido que la empresa no tenía los derechos de representación de Guns N’ Roses y que, como recoge la sentencia, otra mercantil se los habría cedido. «En opinión de la Mesa de Contratación no tenían representación para el uso de sus derechos de propiedad intelectual, que era lo solicitado en el pliego para un contrato cuya prestación era de promoción publicitaria y que no presentaron», exponen desde el Ayuntamiento.
Finalmente, en relación al hecho de que el concurso se convocara cuando ya las entradas llevaban semanas a la venta y el alcalde ya había anunciado ese concierto (en una entrevista en una televisión local), desde el Ayuntamiento matizan que «el contrato era de patrocinio publicitario abierto, cuyo objeto son inversiones publicitarias con un determinado retorno y no la organización de un concierto» y aclaran que Abel Caballero «se limitó a decir (en la entrevista) que un diario nacional publicó la fecha del 12 de junio, en Vigo y en más ciudades. El anuncio fue realizado por el grupo previamente con una publicación en el diario El País».
En esa entrevista, el regidor afirmó que el concierto sería el 12 de junio, «ya confirmado», y aseguró que estaba recibiendo «muchísimas felicitaciones», antes de explicar que había visto el anuncio en los principales periódicos nacionales, en el que se reflejaba que el grupo, en España, solo actuaría «en Madrid y en Vigo».
