PSOE y Vox han votado en contra de una iniciativa en la Comisión de Transportes del Congreso con la que el BNG buscaba emplazar al Gobierno a paralizar el proyecto de ampliación de la A-52 entre O Porriño y Vigo, que ha contado con la abstención del PP.
De esta forma ha sido rechazada este martes una proposición no de ley del BNG que reclamaba al Gobierno retirar el proyecto de trazado de continuación de la A-52, al considerar que «duplica» una infraestructura que «tendrá un elevado impacto territorial, social y ambiental».
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el BNG advertía de que el proyecto afectará a los municipios de Mos (parroquias de Sanguiñeda, Petelos y Tameiga), Vigo (parroquia de Bembrive) y O Porriño, señalando que «no representa una alternativa realista y eficaz y no supone una mejora de la seguridad y la vertebración del área de Vigo».
Los nacionalistas gallegos apostaban además por que se realizara un nuevo estudio de alternativas que incluya una solución para la liberalización de los peajes de la AP-9 y actuaciones de mejora de las conexiones con esa autopista.
En este sentido, querían instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a dar una «solución más sostenible, eficiente, racional y con menor impacto en las infraestructuras y que tenga en cuenta la mejor articulación de toda el área metropolitana».
También abogaban por agilizar las actuaciones de mejora de la A-55 para reducir la «elevada siniestralidad», así como que se dialogue con todos los municipios y parroquias para definir conjuntamente líneas de actuación que mejoren la movilidad.
Sumar reivindica más transporte público
Durante el debate en la Comisión de Transportes, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha insistido en que el proyecto del Gobierno para ampliar la A-52 entre O Porriño y Vigo «traerá un coste muy elevado, no solo en términos económicos, sino también de impacto en toda la zona».
Rego ha defendido que hay alternativas «mejores, mucho más fáciles, más rápidas y más baratas» como las que recoge en su iniciativa, a la par que ha alertado que la A-55 es «probablemente la autovía más peligrosa» que hay en España y ha llamado a garantizar la «tranquilidad» de los vecinos.
Por parte de Sumar, que ha votado a favor de la iniciativa, Verónica Martínez ha criticado la «falta de alternativas» del proyecto de ampliación y ha incidido en que existen soluciones más sostenibles que «no implican impacto social y ambiental».
Martínez ha precisado que su oposición se debe también a «la preocupante dependencia del vehículo privado en Vigo», algo que «choca con las estrategias de sostenibilidad y reducción de emisiones de carbono», por lo que ha pedido mayor impulso al transporte público.
El PSOE acusa al BNG y al PP de «infundir miedo»
En contra de la propuesta se ha posicionado el PSOE, para quien el proyecto es «largamente reivindicado» y «no un lujo», sino más bien «una necesidad vital que lleva demasiado tiempo pendiente» y que va a suponer una mejora de «la conectividad, la circulación y la seguridad».
«Quienes critican por supuestas cuestiones sociales, medioambientales o económicas deben saber que ha sido diseñado con el máximo rigor técnico y todas las alegaciones están siendo analizadas para minimizar impactos negativos. No hablamos de destruir, sino de crear una infraestructura moderna, segura y sostenible que traerá progreso y bienestar», ha indicado el socialista Luis Antonio Gómez, para arremeter contra BNG y PP por «infundir miedo con argumentos infundados».
Vox ha aludido a los reparos medioambientales del BNG para incidir en que antes de ejecutar cualquier proyecto, «ya se ha tenido que obtener declaración favorable de impacto ambiental».
«Y estamos hablando de mejorar la conectividad y la seguridad en el sur de Galicia», ha añadido Patricia Rueda, la diputada de Vox, para recriminar a Sumar sus críticas al vehículo privado, cuestionándoles «cómo quieren que se muevan los españoles y más aquellos que están en territorios que no tienen en la puerta de casa su Cercanías o su parada de autobús».
Mientras que por el PP, Irene Garrido ha reconocido que «no hay duda» de «la necesidad de mejorar» la seguridad de la A-55 y ha urgido, por ello, a negociar con la concesionaria de la AP-9 para liberar el peaje del tramo Vigo-O Porriño.
Aunque Garrido ha señalado que la propuesta del Ministerio de Transportes tiene «un impacto territorial y social demasiado elevado», porque «dejaría una importante afección a más de 400 inmuebles», además del corte de vías estructurantes, múltiples afecciones a viaductos y cursos de agua, según ha enumerado para reclamar que se ese trazado para minimizar los daños en el territorio.
