Un año y tres meses de cárcel. Es la pena que el fiscal solicita para el presidente de los comuneros de Cabral, Luis Rodríguez, y para los dos otros imputados -un constructor y un ciudadano rumano- por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio derivado de la construcción de un galpón en el ámbito del plan de regeneración del corredor natural del río Lagares.
Según ha dado a conocer la Plataforma Gallega de Afectados de las Comunidades de Montes a través de un comunicado, el Juzgado de lo Penal número uno de Vigo acogerá el próximo 18 de septiembre la celebración de un juicio contra las tres personas imputadas por este caso, solicitando para cada uno, penas de un año y tres meses de prisión, 15 meses de inhabilitación especial para actividades de construcción o promoción inmobiliaria, 4.500 euros de multa, la demolición de la nave y la reposición del terreno a su estado original.
El caso, según la acusación pública, se remonta al año 2014, cuando se iniciaron las obras de edificación del galpón. Tras una denuncia vecinal, la Policía Local notificó a los promotores que debían parar, pues no contaban con licencia alguna. No hubo más movimientos hasta el año 2016, cuando una inspección municipal constató en el mes de abril que se estaban construyendo las paredes. Entre aquella fecha y el verano de 2017 se finalizó el galpón, que quedó unido a otra edificación preexistente a través de la nueva cubierta.
Desde la Plataforma Gallega de Afectados por las Comunidades de Montes explican que «como las obras se realizaron sin ningún tipo de licencia, el Ayuntamiento de Vigo incoó el preceptivo expediente», que remitió después a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU)», organismo autonómico que concluyó señalando que «las obras eran ilegales» ordenando así su demolición.
Al parecer, y según constatan desde la plataforma, semanas atrás «se estuvo trabajando en el derrumbamiento de la construcción, en un evidente intento de minimizar las consecuencias de una posible condena en la vista del próximo miércoles».
Con todo, el juicio por este caso llega después de que el presidente hubiese propuesto a la asamblea de comuneros «que había sido precisamente la propia Comunidad de Montes quien había asumido las costas de los múltiples procedimientos judiciales que se están tramitando derivados de la gestión de su junta rectora».
En este sentido, la Plataforma Gallega de Afectados por la Comunidades de Montes entiende que la situación de esa junta directiva y de su presidente «es cada día más delicada, pues no solo se enfrenta a numerosos procesos derivados del “saqueo” de naves industriales o parcelas privadas, sino que están conociéndose procedimientos en los últimos tiempos claramente susceptibles de seguir también la vía penitenciaria», como lo del galpón al lado del Lagares, matizan.
Además, apuntan que precisamente estos días se conoció también que «se está siguiendo otro proceso contra el presidente de los comuneros y otras personas por un presunto delito contra el medio ambiente derivado de unas obras ejecutadas muy cerca del nacimiento del Lagares. Aquella actuación había sido denunciada el pasado octubre y ya provocó la imposición de una sanción de casi 100.000 euros a la Comunidad de Montes de Cabral por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia», concluyen en un comunicado.
