En Vigo hay unas 150.000 viviendas, de las que en torno 21.000, según el último recuento del INE, están vacías. Y más de un tercio de los demandantes de vivienda protegida en Galicia viven en Vigo: más de 7.100.
Con estos números, una serie de organizaciones y colectivos sociales se han unido para pedir al alcalde de Vigo, Abel Caballero, más ambición en materia de vivienda mientras se celebra en la sala de plenos del Concello una sesión extraordinaria para la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2026.
Esos colectivos son: Amnistía Internacional, Ecoloxistas en Acción, Ecoloxistas Galiza Atlántica Verde, la Parroquia del Cristo de la Vitoria y el Sindicato de Inquilinas, todos los cuales le han pedido formalmente medidas al alcalde para tratar de paliar el principal problema que tienen los vigueses, que no es otro que el de la carestía de la vivienda, donde los alquileres superan ya los 700 euros de media.
Medidas
Aunque valoran positivamente algunos de los pasos que hasta ahora ha dado el Concello, como el programa municipal de ayudas a la rehabilitación, el anuncio de la creación de la Empresa Municipal de Vivienda, o el incremento del IBI para viviendas vacías en manos de sociedades, por ejemplo, entienden que hay margen para hacer mucho más.
Por eso solicitan, por ejemplo, un plan plurianual de vivienda social y un compromiso claro para sumar en cuatro año 3.300 viviendas sociales, el equivalentes al 15% del parque total, y movilizar parte de las 22.000 viviendas vacías.
Creen que es necesario crear un parque municipal de vivienda social con la recuperación de terrenos y viviendas de la Sareb, lo que implica solicitar a la Xunta las viviendas públicas actualmente vacías, así como las antiguas casas de funcionarios de la Avenida de Madrid y las de maestros de los colegios públicos.
Exigen la aplicación inmediata do control de precios del alquiler activando la regulación prevista en la Ley de Vivienda, y finalmente proponen que el Ayuntamiento gaste. O que invierta. ¿Cuánto? Pues, para empezar, 400.000 euros para fortalecer el programa de intermediación, beneficiando a 60 familias, y nueve millones para comprar 50 inmuebles en 2026. Pero también proponen un incremento de las ayudas a la rehabilitación para movilizar viviendas hacia el mercado de alquiler,, un refuerzo de las ayudas de emergencia, la creación de un Programa contra Desahucios, o la contratación de personal suficiente en Urbanismo, Vivienda y Política Social para garantizar la gestión eficaz de las medidas y cumplir con los ratios legales de trabajo social.
