El gobierno local ha dado este lunes luz verde al proyecto modificado número dos de las obras de remodelación del enlace de la autopista AP-9 en los tramos que la conectan con la estación intermodal y el túnel de Lepanto.
Así lo ha comunicado el gobierno local en una nota, después de que esta aprobación fuese retirada del orden del día de la junta celebrada el pasado 22 de marzo.
En esta ocasión, se ha dado luz verde al presupuesto de las obras por importe de 2.118.829 euros y a la instalación de balizas.
En su nota, el gobierno local señala que «las nuevas conexiones mejorarán sustancialmente la accesibilidad al centro comercial, ya que evitarán tener que entrar en la ciudad y darán acceso al muelle de carga y descarga de vialia desde la autopista sin necesidad de tener que usar las vías urbanas». Además, añade, se reducirá el impacto del tráfico en la ciudad.
Según este comunicado, el próximo paso será informar del acuerdo sobre el modificado a la comisión de seguimiento del convenio, conformada por el Concello, la Xunta y Adif, como paso previo para que se reinicien los trabajos.
Se trata de la misma tramitación que realizó en su día la Xunta de Galicia durante la construcción de la estación intermodal, añade el gobierno local, que recuerda que las tres administraciones implicadas en el proyecto aprobaron la addenda al convenio que recoge la nueva inversión, aprobada hace meses.
Así, el Concello de Vigo, con la aprobación de la comisión técnica en la que están representadas las tres administraciones implicadas en las obras, continúa con el modificado que –recuerdan– es consecuencia de la aparición de tierras contaminadas que no estaban previstas en el proyecto inicial.
La necesidad de abordar la gestión de los residuos y los ajustes derivados de la ejecución de los trabajos generaron nuevos gastos por causas sobrevenidas objetivas, como quedó acreditado en los informes jurídicos emitidos por Adif a requerimiento del gobierno local. Además, remarca, se ha elaborado otro informe jurídico que avala la continuidad del contrato.
Para aumentar a garantía jurídica, indica la nota, se ha contratado desde el Concello al especialista en Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández que en diciembre de 2023 emitió un dictamen que avaló las tesis municipales.
Hace una semana, el grupo municipal del PP en el Concello de Vigo exigía explicaciones después de que se retirase del orden del día de la junta de gobierno del viernes 22 de marzo la aprobación de esta segunda modificación del proyecto para los accesos al complejo Vialia desde la autopista AP-9.
En un comunicado, el portavoz popular Miguel Martín subrayaba la importancia «vital» de este proyecto para que los trabajos «se completen de una vez por todas».
Modificación e informe del Consello Consultivo
El proyecto para realizar las conexiones del complejo Vialia con la autopista AP-9 se adjudicó parte del gobierno vigués en octubre de 2019 a la UTE Acciona-Narom por 9,2 millones de euros. En julio de 2021 se aprobó una primera modificación, que rebajó muy ligeramente el precio.
En noviembre de 2021, la dirección de la obra solicitó una segunda modificación del proyecto, tras la aparición de tierras contaminadas en el subsuelo. Las actuaciones ante esta eventualidad no previsible suponen un encarecimiento de unos 2 millones de euros con respecto al presupuesto inicial (casi un 23 %).
El Consello Consultivo dictó un informe desfavorable en el que, entre otras cuestiones, reprocha al Concello que no suspendiera temporalmente las obras antes de solicitar su dictamen, o que el incremento del precio del contrato fue abonado a la UTE «a pesar de carecer de cobertura legal», porque la modificación no está aprobada, «incurriéndose por tanto en una ilegalidad manifiesta».
Los servicios jurídicos municipales manifestaron su disconformidad con ese informe del Consello Consultivo, al que atribuyen una errónea interpretación de la norma con respecto a las condiciones de suspensión temporal de las obras.
Asimismo, estos técnicos del Concello defienden la necesidad de concluir las obras por los perjuicios que causa el hecho de que no estén rematados esos accesos, tanto para el funcionamiento del propio complejo intermodal, como para el tráfico de las inmediaciones.
Entre otras cuestiones, también sostienen que la modificación del proyecto deriva de una situación que no se podía preveer (la aparición de tierras contaminadas) y que, en cualquier caso, la redacción del mismo corrió a cargo de Adif.
