El megacontrato del servicio de ayuda en el hogar (SAF) de Vigo está viviendo un nuevo revés administrativo. En el mes de marzo, el Concello ponía en marcha el proceso para renovar una de las prestaciones municipales más importante para las personas dependientes, quedando paralizado en pleno verano por la interposición de un recurso presentado por CCOO ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), que acabó tumbando el procedimiento y obligando al gobierno local a iniciarlo de nuevo.
Tras ello, y desde finales del pasado mes de octubre, el nuevo servicio ya cuenta con adjudicatario para los próximos tres años. Como informó VIGOÉ, la empresa bilbaína Probiser se hizo con el jugoso contrato por algo más de 47 millones de euros -el valor global casi llegar a los 89 millones de euros- con el objetivo de poner en marcha la asistencia el pasado 1 de diciembre, tal y como estipulaba el pliego de condiciones.
Sin embargo, no ha podido ser así porque un nuevo recurso presentado ante el mismo tribunal administrativo ha vuelto a ralentizar el proceso y, por ende, la puesta en funcionamiento del servicio con el contrato renovado.
Y es que el licitador que quedó en segundo lugar en el procedimiento administrativo, no estaba conforme con el resultado ni con la documentación acreditativa de la empresa que resultó adjudicataria, presentando así un recurso especial en materia de contratación ante el Tacgal, con el que impugnan el acuerdo de adjudicación de la mesa de contratación del gobierno local.
Se trata de la mercantil Serveo Social SL, que concurrió al proceso de licitación quedando en segunda posición. El 4 de noviembre presenta un escrito en el Concello mostrando su disconformidad con el resultado y solicitando comprobar la documentación aportada por el adjudicatario provisional, cuestión que se hace efectiva el 11 de noviembre y tras lo cual, el día 24 del mismo mes, decide interponer el recurso contra el acuerdo de adjudicación del servicio de ayuda en el hogar (SAF) de Vigo.
Con todo, el procedimiento para poner en marcha el renovado servicio se ralentiza una vez más puesto que es ahora el Tacgal quien debe emitir sus conclusiones tras el recurso presentado.
Pero para ello, la junta de gobierno local tuvo que dar el visto bueno a un informe de valoración sobre la demanda interpuesta por la empresa recurrente, expediente administrativo que se llevó a la sesión ordinaria del pasado 28 de noviembre pero como un asunto fuera del orden del día y que, hasta ahora, se desconocía.
Dicho dictamen, firmado por el Área de Contratación y Nuevos proyectos y que obtuvo el ‘ok’ de la junta de gobierno local, ha sido trasladado al Tacgal concluyendo que los motivos alegados por el recurrente no se sostienen, solicitando así la «desestimación de las alegaciones formuladas» por el mismo en su escrito de recurso «por las razones esgrimidas» en los fundamentos jurídicos que consideran desde Praza do Rei.
Dos motivos para impugnar
De hecho, el escrito presentado por la mercantil detalla los motivos de impugnación del acuerdo de adjudicación y se ciñe, sobre todo, a dos alegaciones: el «incumplimiento» del Grupo Probiser en cuanto «a la solvencia económica y técnica mínima» para poder ser adjudicataria de la licitación así como la «ampliación del plazo de subsanación contrario al principio de igualdad de trato entre los licitadores».
Ante ambas cuestiones, la respuesta de los técnicos del Concello de Vigo es contundente: consideran «acreditada» la solvencia mínima exigida al licitador optando «por adjudicar el contrato a la oferta más ventajosa en relación calidad y precio, en aras del interés público de esta administración. En consecuencia, a juicio de quien suscribe, procede solicitar del Tribunal la desestimación de esta alegación», reza el texto del expediente.
Y en cuanto a la segunda cuestión, y también siguiendo la opinión de la técnica municipal, la conclusión es la misma «en caso de ser admitido el recurso», señala.
Siete empresas se presentaron al proceso
El Grupo Probiser -con más de 30 años de experiencia en el sector de los servicios sociales y sede en Bilbao- se alzó con la primera posición en el concurso con una puntuación total de 89,86 puntos.
Al proceso concurrieron otras siete empresas más: Serveo Social, Fepas, Eulen, Aralia y Samaín Servizos á Comunidade se quedaron a las puertas de la adjudicación además de haber quedado excluidas del proceso otras dos licitadoras: Osventos Innovación en Servicios SL y Óbolo SCA de Interés Social.
Tras haber adjudicado el servicio a finales del mes de octubre, restaba la formalización del contrato, que debía hacerse efectiva entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre para poder iniciarse así el plazo de tres años que tiene el servicio de ayuda en el hogar. Pero el recurso presentado ha malogrado los plazos, teniendo que aguardar así al posicionamiento del Tacgal.
La empresa bilbaína se alzó con el contrato con un importe de adjudicación de 47.183.385,60 euros, siendo la cuota de IVA de 1.814.745,60 euros.
