El Catastro ha confirmado por segunda vez que edificio de los viejos juzgados de la calle Lalín, donde la Xunta de Galicia tenía pensado invertir casi 20 millones de euros para construir un centro de asociacionismo pertenece al Gobierno autonómico.
«Le dio la razón a la Xunta y rechazó la intención del Concello de Vigo de apropiarse del edificio para bloquear el proyecto del centro de asociacionismo», ha dicho la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.
La Xunta disponía de licencia, expedida por la Concejalía de Urbanismo, para realizar obras en el inmueble, pero sorpresivamente el Concello la revocó alegando que el terreno es de su propiedad, lo que acabará dirimiendo la justicia a raíz de la reclamación interpuesta el pasado julio por el Gobierno gallego, que considera la anulación de la licencia «un acto de mala fe por parte del alcalde», Abel Caballero.
«Esperamos que se haga justicia y Vigo no pierda una inversión de casi 20 millones de euros para los colectivos sociales de la ciudad», ha añadido Ana Ortiz, según la cual «la ciudadanía no puede permitir los caprichos de un Gobierno local que impide actuaciones que van en beneficio de todos los vigueses».
Ana Ortiz ha mostrado, además, su pesar por los gastos que ha generado la anulación del proyecto a las arcas autonómicas, de las que han salido 600.000 euros para indemnizar a las empresas Orega y XAC, adjudicatarias de las obras de rehabilitación, entre otros gastos.
«Lamento mucho que decisiones tomadas de mala fe provoquen daños irreparables a las arcas publicas como son indemnizaciones a las empresas que estaban a punto de comenzar la construcción de una dotación en beneficio de toda la sociedad viguesa», ha concluido Ortiz.
