El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, mantuvo esta tarde un encuentro con representantes de las entidades interesadas en disponer de su sede en el futuro Centro de Asociacionismo de la calle Lalín y para explicarles la situación que están viviendo en el Gobierno gallego tras la paralización de la licencia de obra -solicitada en el mes de febrero del pasado año y concedida en noviembre- para iniciar las obras a principios de este año ya que ellas son las principales afectadas.
De hecho, la actuación cuenta con empresa adjudicataria desde finales del pasado mes de noviembre, siendo la UTE conformada por las empresas Orega y XAC las que se tendrían que hacer cargo de la misma por unos 20 millones de euros. De hecho, en este sentido, la Xunta advierte en sus alegaciones que, toda vez que el contrato está adjudicado, se estudiaría la reclamación de los daños por el retraso en la ejecución de las obras.
Así, Urbanismo decidió suspender dicha licencia hace unas semanas, algo que «no tiene sentido» para la Administración autonómica como bien recordó este lunes Diego Calvo poniendo el foco, además, en el hecho de que la Xunta lleva pagando el IBI de ese inmueble -donde se ubicaban los antiguos juzgados- desde hace 30 años. «Cuando vamos a iniciar las obras, nos dicen que la licencia se paraliza porque parece ser que descubrieron que el edificio era de la ciudad de Vigo, bueno, más bien del alcalde. Nos sorprende», sostuvo Calvo ante los medios de comunicación esta tarde.
Es por ello por lo que presentaron alegaciones ante el Concello de Vigo “en tiempo y en forma” para intentar desbloquear esta situación. Calvo explicó que eran «claras y contundentes» esperando que se tomasen «en consideración». «Todo esto que parece una broma espero que termine cuanto antes y podamos empezar las obras», pidió.
De hecho, especificó que «se puede comprobar fácilmente» en el BOE la titularidad y el traspaso del edificio que se hizo del Ministerio a la Xunta. «No tiene ningún sentido más allá que la confrontación», dijo, esperando que «a finales de este mes, todo esto quede en un malentendido y podamos empezar las obras cuanto antes», señaló para invertir casi 20 millones de euros en un edificio que se destinará a las entidades sociales de la ciudad.
«No es para poner a la venta. Lo queremos para invertir en él y ponerlo al servicio de las asociaciones», sostuvo. Y siguió: «No sé si en el Concello son conscientes de lo que están paralizando porque no tiene ningún sentido. Es una inversión de la Xunta para la gente de Vigo», aclaró.
Entre las alegaciones presentadas, se señala la «inexistencia» de la causa de la suspensión de la licencia porque no se cumple ninguno de los supuestos en los que estaría permitido, como es el caso de una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) o si la actuación supusiera una infracción urbanística que obligara a esta decisión.
Además, se alega que, al amparo de la Lei do Solo, el Ayuntamiento estaría empleando una competencia pública como es la concesión de una licencia urbanística para defender una cuestión que corresponde al derecho privado -en concreto a la jurisdicción civil- relacionada con la determinación de la propiedad del inmueble.
La Xunta añade aquí que esta misma normativa aclara que, en todo caso, la concesión de licencias es independiente y no tendría que verse afectada por la titularidad de los inmuebles.
De todas formas, la Administración autonómica recuerda -y como bien apuntó Diego Calvo- que la titularidad tanto de la parcela como del inmueble corresponde a la Xunta, puesto que se entregó en propiedad por parte del Gobierno central a la Comunidad en 1994.
Y según alega la Xunta, y recordó Calvo, la Lei de Patrimonio establece que si un bien lleva en propiedad de la Administración autonómica más de 10 años «pasa a formar parte de su patrimonio». «Durante 30 años se lleva prestando un servicio para la Xunta, los edificios de los juzgados de la calle Lalín, 4. Está en el BOE», matizó.
«O no tiene toda la información o si sabe todo esto intenta bloquear una inversión de la Xunta que no tiene ningún sentido», insistió el conselleiro. Con todo, esperó que esta situación se resuelva a finales de este mes. «No creo que ningún funcionario entienda que no son suficientes», señaló con respecto al documento de alegaciones presentado ante el Concello de Vigo, insistiendo en que se trata de una inversión y una actuación que «no es para la Xunta» si no para «poner a disposición de las asociaciones de Vigo una necesidad que tienen», subrayó.
Así, Diego Calvo lamentó que tras la concesión de la licencia municipal en noviembre del pasado año, el Ayuntamiento no pusiera ningún impedimento hasta presentar hace unas semanas un escrito en el Registro de la Propiedad comunicando que es el titular de la parcela, motivo por lo que decidió suspender la autorización.
Por lo tanto, destaca que el Ayuntamiento actuó “de mala fe”, mientras que, por lo contrario, el Gobierno gallego “actuó siempre de buena fe con la seguridad de la titularidad autonómica como se demuestra con el pago del IBI todos estos años”.
Con todo, el alcalde este lunes -y ante la visita del conselleiro a la ciudad- cargó duramente contra él asegurando que el edificio es del Concello y que, ahora, será Praza do Rei quien destine ese inmueble a dependencias municipales.
El proyecto de Penela
El proyecto del Centro de Asociacionismo de Vigo, del que resultó ganador en el concurso de ideas el arquitecto Alfonso Penela, supone una rehabilitación integral del antiguo edificio de los juzgados en la calle Lalín, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder Galicia 2021-2027) para poner a disposición de las entidades sociales de la ciudad.
Entre otras actuaciones, se prevén mejoras en la envolvente térmica de la fachada, en el sistema de climatización, en la iluminación, en la cubierta o en el abastecimiento.
También se facilitará la accesibilidad y la integración en el entorno mediante la retirada del aparcamiento exterior y la rebaja del terreno para que quede en continuidad con la planta baja.
Las entidades dispondrán de una superficie de casi 13.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, una entreplanta, un bajo y dos plantas de sótano. El bajo será multifuncional, con una sala de exposiciones, cafetería, sala de lactancia, hemeroteca y un auditorio con cabida para 400 personas.
Las oficinas generales ocuparán la entreplanta y, en cada uno de los cinco primeros andar, se distribuirán 20 estancias para asociaciones y entidades sociales, una sala polivalente, otra de reuniones y una más de ensayo. La sexta planta, unida a la anterior, se configura como zona de office-cafetería, con terrazas ajardinadas en el exterior. Por último, los sótanos se destinarán a aparcamiento, archivo y cuartos de instalaciones.
