«Están en el portal y en las escaleras. Y ya se ha visto de todo, sobre todo gente pinchándose, fumando en papel de plata. Y suciedad, con incluso deposiciones de personas. Y pintadas por todas partes»…
Este es el panorama que dibujan los vecinos del barrio de Navia, populoso y vigoroso, pero también problemático porque en él hay más narcopisos que supermercados. Es tan fácil comprar heroína como leche en horario comercial. Una vez los comercios cierran, ya sólo queda droga a la venta para desesperación de un vecindario en el que habitan muchos niños.
Lo han denunciado este jueves, hartos de que las administraciones no escuchen o que sí lo hagan pero prefieran ignorar el problema. Luz, Fina y Miguel son los tres vecinos que han asumido la responsabilidad de dar voz al barrio, primero ante las administraciones, que han ignorado olímpicamente sus escritos, una veintena; y ahora ante la prensa, para que todo Vigo se entere, dicen.
En el barrio «se realizan actividades ilícitas graves, concretamente, venta y tráfico de forma constante, notoria», afirma Miguel, según el cual es algo que saben y denuncian todos los vecinos. Miguel habla de inseguridad, amenazas, vandalismo, suciedad, entradas y salidas de drogodependientes, ruido, alteración permanente de la convivencia, orines.
Apuntan al IGVS
«Las vecinas y vecinos mayores tienen miedo Las mujeres que entran o salen de madrugada sienten inseguridad. Y las niñas y los niños están expuestos a un entorno muy peligroso», afirma, hastiado de que nadie haga nada pese a que han enviado escritos a la Fiscalía, a los partidos polítcos, al Ministerio del Interior y, sobre todo, a la Xunta de Galicia y al IGVS (Instituto Galego de Vivenda y Solo), propietarios del 51.03% de los inmuebles de lo que se conoce como ‘La Colmena’, en la calle Teixugueiras.
Todo el mundo sabe dónde están esos narcopisos. Ellos hablan de cinco narcopisos, donde los toxicómanos consumen. Cuando salen, no llevan droga encima, aunque la lleven dentro, de modo que la Policía tiene las manos atadas, mientras el barrio se va deteriorando sin remedio, según relatan.
Señalan a la Xunta, a la que afean su «pasotismo». Y recuerdan que la ley le permite actuar porque señala claramente que «cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas», el propietario no sólo tiene la facultad, sino también la obligación de rescindir el contrato, cosa que no se ha hecho hasta hoy.
Silencio
«La respuesta siempre ha sido el silencio y la pasividad. En algunos casos se nos ha derivado absurdamente a la administradora de nuestra comunidad o a la presidenta», lamentan antes de enumerar sus exigencias, las cuales pasan por la apertura inmediata de expediente sancionador a los inquilinos implicados y posterior extinción de los contratos de alquiler de todas las viviendas donde se realicen actividades ilícitas con el consiguiente desalojo de los inquilinos. También quieren que se tomen medidas preventivas futuras para evitar nuevas adjudicaciones de estas viviendas de protección a personas conflictivas.
Por último, esperan una respuesta oficial y por escrito motivada en un plazo máximo de 15 días y en caso de persistir la «inacción» de la Xunta, han avanzado que tomarán medidas legales y acudirán a la Fiscalía o a la jurisdicción contencioso administrativa. «No vamos a permitir que se siga ignorando nuestra seguridad», han advertido.
