El grupo municipal de Marea de Vigo ha exigido a la Xunta de Galicia que las nuevas fases proyectadas en Navia sean adjudicadas para construir viviendas de alquiler con opción de compra. La formación ha pedido al Gobierno autonómico que evite las “presiones” de las empresas promotoras y que, por el contrario, establezca un modelo que es ahora “el más demandado”, según argumenta a raíz de los datos del registro de solicitantes de vivienda pública.
El portavoz local, Rubén Pérez, considera “positivo” que este martes llegue la aprobación definitiva del nuevo proyecto de urbanización de las fases 1 y 2 a la Gerencia de Urbanismo, y al mismo tiempo reclama la puesta en marcha de “políticas serias” para aumentar el parque residencial en Vigo “con precios asumibles”.
Asimismo, exige al Concello de Vigo que desarrolle políticas de vivienda acordes a sus competencias. “Estas políticas pueden perfectamente significar que la Xunta solicite la cesión de inmuebles a la Sareb, como los más de 100 existentes en el último tramo de la calle Aragón o incluso los más de 40 existentes en la calle Privada Moderna, en O Calvario”, señala Pérez.
Según Marea de Vigo, si al final son promotoras privadas las que gestionan estas nuevas construcciones, o incluso cooperativas en las que se esconden las propias promotoras, el régimen en todo caso ha de ser el del alquiler, quedando la titularidad de las viviendas en manos del Instituto Galego de Vivenda e Solo para evitar “el vergonzoso espectáculo de constructoras como Construcuatro, que fue adjudicataria de muchos de los pisos anteriores y que finalmente fue condenada a pagar 3,7 millones de euros por sobreprecios en las viviendas de VPO, o problemas serios de transparencia en las adjudicaciones de bajos comerciales”. “No puede pasar lo mismo y la mejor vacuna para este virus de la especulación es que la vivienda no se pueda adquirir en venta y quede como parte de un parque público de alquiler regulado”, añade Pérez.
La formación sostiene que la vivienda regulada y asumible tiene que consolidarse por todo el ámbito urbano, evitando que se produzcan procesos de gentrificación y consolidando la presencia de familias en el centro para evitar la desaparición de dotaciones educativas, sanitarias o culturales en la ciudad. “Por eso la función reguladora pública es esencial y no puede significarse solo mediante la creación de polígonos de viviendas de protección autonómica en la zonas periurbanas de la ciudad”, finaliza el grupo municipal.
