La junta de gobierno de la FEMP aprobó ayer, con el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, un ingreso de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Estado sus remanentes, que se devolverán en un plazo de diez años. Para Caballero, cuyo voto permitió superar el empate de 12 votos a favor del PSOE, los 12 en contra del PP, Ciudadanos y PdeCat y la abstención de IU-Podemos, se trata de un acuerdo “importante y muy positivo para las entidades locales que abre posibilidades de emplear los remanentes, utilizar el superávit o optar por una fórmula que incluya a ambos”. “Es un sistema a la carta”, aseveró.
En rueda de prensa, Caballero explicó que a esos 5.000 millones se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano y la participación directa en fondos europeos, que ascienden a 72.000 millones de euros.
Preguntado por el caso concreto de Vigo, el alcalde no quiso entrar a valorar el acuerdo en clave local. “En España hay un número muy importante de ayuntamientos con remanentes y los van a utilizar y Vigo es uno de ellos, como es natural. Los ayuntamientos que tenemos unas finanzas saneadas podemos optar por usar los remanentes, el superávit o por todo”, se limitó a señalar al respecto.
67 millones en Vigo
De hecho, en Vigo se cifra el remanente en unos 50 millones de euros, a los que habría que añadirle otros 17 millones del superávit de 2019. En total, 67 millones que se cederán al Gobierno central
“En 2020 las corporaciones locales no tendremos la limitación del techo de gasto y esto es muy importante porque un número muy significativo de entidades locales están muy preocupados por esto”, añadió Caballero, que citó otras ventajas del acuerdo como la prórroga del superávit de 2019 para 2020 y de 2018, que se mantienen las entregas a cuenta de las corporaciones locales y la liquidación del ejercicio 2018 “que es positiva para los ayuntamientos en 600 millones de euros”.
En todo caso, avanzó que en el mes de septiembre se constituirá una mesa de trabajo para abordar la reforma del sistema de financiación local y la LRSAL y en otra se abordará también la adaptación de la regla del techo de gasto.
Al respecto de las críticas, señaló que “hay una ley que prohíbe gastar los remanentes que está vigente y la única manera de hacerlo es cederlos al Estado para que nos lo devuelva y poder gastarlos libres de déficit”. Según el acuerdo validado hoy, será en un plazo máximo de diez años, algo también necesario porque, dijo, “no se puede hacer una devolución inmediata porque sería un fraude de ley”.
“Los que dicen que hay alternativas, que nos expliquen cómo”, instó.
