El pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este lunes, con el voto favorable del grupo de gobierno (PSOE), la abstención del PP y el voto contrario del BNG, la ampliación del plazo para la aprobación provisional del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que llevará a prorrogar automáticamente la vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional en tres meses.
La concejala de Urbanismo, María José Caride, ha sido la encargada de defender esta propuesta, que ha justificado para que los ciudadanos tengan seguridad jurídica en sus proyectos, y que ha amparado en un informe del secretario municipal, que reconoce que esa ampliación es legal (aunque advierte de posibles consecuencias negativas).
La edila socialista ha insistido en que el Ayuntamiento no ha podido cumplir los plazos por “circunstancias ajenas” a la propia administración municipal, como fue la suspensión de plazos administrativos por la Covid-19, o el retraso de la Xunta en emitir sus informes preceptivos.
Por otra parte, ha recalcado que la ordenación provisional ha permitido que 780 proyectos pudieran materializarse, la mayor parte de ellos viviendas unifamiliares construidas en parroquias de la ciudad.
En ese sentido, ha defendido la necesidad de ampliar el plazo para la aprobación provisional del planeamiento urbanístico, “trámite perfectamente legal, avalado por el secretario”, y ha subrayado que será mejor mantener la ordenación provisional que regresar al planeamiento anterior, de 1993 (a pesar de que el secretario dice en su informe que, en caso de ordenación discordante, las consecuencias de volver al plan del 93 serán más leves que las de recurrir a la ordenación provisional).
Inseguridad jurídica
Por su parte, los grupos de la oposición han advertido de la situación de inseguridad jurídica que se puede plantear cuando, a mediados de octubre, decaiga la suspensión de licencias y se empiecen a otorgar con arreglo a la ordenación provisional, que no coincidirá con la normativa que entre en vigor con el nuevo PXOM.
La portavoz del PP, Marta Fernández-Tapias, ha criticado que el gobierno local hable de demoras de los informes de la Xunta, cuando dichos informes “iban y venían” entre ambas administraciones porque el Ayuntamiento “no cumplía” los requerimientos que se le hacían. “Hoy reconocen su incapacidad de aprobar un PXOM en cuatro años”, ha proclamado, y ha recordado que fue precisamente Caride, como conselleira, la que bloqueó el PXOM de Vigo en 2006 y la que luego le dio luz verde, cuando el PSOE llegó al gobierno local, un plan que fue anulado por el Supremo en 2015.
Con todo, ha explicado la abstención de su grupo, “por responsabilidad”, porque “Vigo necesita un plan”, y ha pedido al gobierno local que “cambie de actitud” y agilice la respuesta a las más de 4.000 alegaciones al documento.
Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha censurado las “dilaciones interesadas” en la tramitación del PGOM por parte del gobierno local, para evitar su aprobación provisional antes de las elecciones municipales de mayo.
Asimismo, ha criticado que el gobierno socialista de Vigo haya optado por la ampliación de plazos y por mantener la ordenación pese a las advertencias del secretario municipal, de que se producirá una “situación anómala” cuando se otorguen licencias que, con el nuevo PXOM, “no serán legales”, ha alertado Pérez Igrexas.
El concejal nacionalista ha acusado al gobierno local de buscar, con esta “maniobra”, “colar” un centenar de licencias que se habían quedado en suspenso, “algunas de parcelas muy golosas” en primera línea de costa y que no se podrían otorgar después con el nuevo planeamiento. Además, ha denunciado que no se le facilitó la documentación solicitada sobre esas licencias, por lo que ha apuntado que “debe haber mucho que ocultar”.
“Actualización” de impuestos municipales
Por otra parte, el pleno de Vigo ha dado este lunes luz verde, con el voto negativo de la oposición, a la “actualización” de impuestos y tasas municipales, que aumentarán en un 4% en el ejercicio de 2024.
El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha defendido esta medida, justificada por la mejor situación económica para los trabajadores, con el incremento medio salarial recogido en los convenios colectivos, y ha incidido en la buena situación financiera de las arcas municipales, en la ciudad “con menor presión fiscal” de Galicia.
Mientras, tanto BNG como PP han afeado al gobierno local que no haya buscado el consenso para actualizar las tasas. El grupo popular ha reclamado una bajada de impuestos generalizada, ya que el gobierno vigués “se pavonea” de su buena situación económica y de los millones de euros que tiene en remantentes; y el grupo del BNG ha exigido una fiscalidad progresiva y redistributiva, que beneficie a las familias más vulnerables y grave a las empresas que más facturan.
