Toca aguantar un poco más. Las personas que el pasado 19 de septiembre entraron en una casa del barrio vigués de Teis seguirán al menos un mes más. Fuentes de la familia afectada explican que, tal y como se esperaba, los ‘okupas’ no comparecieron a la vista fijada para este 4 de octubre, por lo que ahora habrá que esperar al juicio que se celebrará en el plazo de un mes para que finalmente sean desalojados de su vivienda, situada en el número 14 del Camiño da Cacharela.
Pese a que el juzgado de Instrucción número 3 de Vigo envió hasta tres requerimientos para que se presentasen en la mañana de este martes en la calle Lalín, los ‘okupas’ no recogieron la notificación y no acudieron a la cita. Ahora, se fijarán un nueva fecha de juicio, previsiblemente para el mes de noviembre, donde se verá la causa, “con o sin los investigados” , según explican fuentes de la familia.
Al margen de esta nueva cita con la justicia, los abogados de la familia han solicitado también hoy mismo un desalojo cautelar “para evitar daños en la vivienda”, un movimiento que da un poco de esperanza a los afectados, puesto que si el juzgado lo acepta, podría suponer el abandono de la vivienda antes del nuevo juicio.
La Policía Nacional acudió la semana pasada a la vivienda porque los vecinos denunciaron que se estaban manipulando los contadores de la electricidad. No era la primera visita que efectuaba el cuerpo nacional, que no ve con claridad la existencia de un posible delito de allanamiento de morada, que permite a los agentes detener a los presuntos autores de este ilícito penal.
Las patrullas desplazadas identificaron a dos personas, un hombre y una mujer de mediana edad, aunque se cree que la han llegado ocupar hasta seis individuos. La Comisaría de Vigo-Redondela sostiene que “no se pudo demostrar cuándo” se produjo la irrupción en la vivienda y que la detención “depende de la inmediatez comprobar que es un delito flagrante y la titularidad del domicilio”.
El domicilio estaba siendo usado como residencia ocasional hasta que se produjo este caso que la Policía Nacional interpreta como una ‘okupación’, según explicaban desde la familia. Aunque la ley teóricamente podría calificar situación como allanamiento, y por tanto permite el desalojo inmediato por parte de las fuerzas de seguridad, en ocasiones los agentes no lo ven claro y optan por dejar el asunto en manos del juzgado.
