El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, aprovechó su visita este viernes en Vigo para anunciar que la Xunta acudirá a la vía judicial para defender la propiedad del inmueble de la calle Lalín, donde se ubicaban los antiguos juzgados y donde se iban a invertir unos 20 millones de euros para destinar el edificio a un nuevo Centro de Asociacionismo.
Sin embargo, el «bloqueo» por parte del Concello de Vigo -que alegan ser los titulares del inmueble- para desarrollar la obra toda vez que ya estaba adjudicada y contaba con licencia municipal, hizo que la Xunta se viese «obligada» a resolver el contrato con la UTE encargada de los trabajos debido a la aportación de fondos europeos que se iba a destinar para financiar la misma.
Y esto es lo que ha hecho que la Xunta haya decidido emprender las «acciones necesarias» para la defensa de la propiedad del inmueble de los antiguos juzgados con el objetivo de ponerlo a la disposición del vecindario vigués.
Durante la visita a las nuevas instalaciones en el Casco Vello de Vigo a las que se trasladará el Registro Civil y la nueva sala de bodas civiles, Calvo recordó que el edificio de los juzgados fue transferido por el Estado al Gobierno gallego en propiedad y, junto con la parcela, así consta en el inventario de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.
Es por ello por lo que, una vez más, lamentó los obstáculos del Ayuntamiento de Vigo a las obras previstas en el barrio de Coia, suspendiendo la licencia para los trabajos a pesar de que se había concedido meses antes. “Tuvimos que resolver el contrato con la empresa que resultó adjudicataria», dijo, matizando que debido a que la financiación de la actuación tenía «comprometidos» fondos europeos y también de la Xunta de Galicia «que necesitan de un tiempo de justificación» no podían seguir inmovilizados.
«No podemos tener esos fondos europeos parados a la espera de resolver el problema que existe con la licencia», subrayó al tiempo que apuntó la defensa que se hará sobre la titularidad del edificio «con todos los instrumentos que tenemos».
A pesar de ello, reafirmó el «compromiso» de la Xunta para seguir invirtiendo en la ciudad en el mismo nivel que con la obra prevista para el Centro de Asociacionismo.
Y es que las actuaciones previstas suponían una inversión de 20 millones de euros para darle cabida a más de 100 asociaciones de la ciudad, por lo que, como argumentó, los vecinos y vecinas de Vigo son los realmente afectados por el bloqueo de esta iniciativa.
Además, y como justificó, el Ayuntamiento finalmente desestimó las alegaciones presentadas y, según indicó el conselleiro, inició un proceso para cambiar la titularidad de la parcela en el Catastro, resolviendo este «no alterar la inscripción a favor de la Xunta».
