El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Xunta de Galicia para eludir el pago de la multa de la Unión Europea por el retraso en el cumplimiento de las directivas comunitarias sobre tratamiento de aguas residuales en Vigo. La sentencia emitida el pasado 26 de enero, y de la que se hace eco este jueves el diario digital Praza.gal, deniega el intento de la administración autonómica de culpar al Concello de Vigo de las demoras sufridas.
«En consecuencia no puede acogerse el motivo de impugnación, que con carácter subsidiario, articula la parte atribuyendo la responsabilidad a la Administración Local, cuando, de acuerdo con la normativa aplicable, se trata de obras hidráulicas cuya planificación, programación, proyecto, construcción y explotación viene atribuida a la competencia de la Comunidad Autónoma mediante la entidad Aguas de Galicia». Así se pronuncian los magistrados del Alto Tribunal a la hora de valorar la responsabilidad de la Xunta en la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del río Lagares.
De esta forma, el Supremo ratifica no solo el pago por parte de la Xunta de la sanción de 3,7 millones de euros, sino también otros 300.000 euros por idénticos problemas en la depuradora de Ribeira. Por el contrario, los magistrados sí admiten el argumento autonómico en cuanto al recargo de un millón de euros que pretendía ejecutar el Gobierno central.
Unión Europea
La sanción se remonta a 2018. En julio de hace cuatro año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa declaró que España había incumplido su deber de acatar una sentencia previa de 2011, del mismo Tribunal, en la que se declaraba que 43 aglomeraciones estaban fuera de los requisitos de la Directiva 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales. Entre los puntos de incumplimiento se encontraban Vigo, Ribeira y Santiago.
“Al considerar que España seguía sin cumplir la sentencia de 2011 respecto de 17 de las 43 aglomeraciones urbanas en cuestión, en 2017 la Comisión decidió interponer un nuevo recurso por incumplimiento contra dicho Estado miembro. En este marco, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que condenara a España a abonar una multa coercitiva por un importe de 171.217 euros por cada día de retraso, así como una suma a tanto alzado de 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha en que se dictó la sentencia de 2011 y su plena ejecución”, recordaba entonces el TJUE.
Los requisitos exigidos por la UE no se cumplieron en el caso de Vigo hasta 2018, cuando se inauguró la EDAR del Lagares. El Gobierno central asumió su responsabilidad de 1,6 millones por el retraso de la depuradora de Santiago y atribuyó los 3,7 millones de la de Vigo y los 300.00 euros de la de Ribeira a la Xunta de Galicia.
