La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia (APLU) de la Xunta de Galicia ha incoado un procedimiento sancionador y de reposición de la legalidad contra el Concello de Vigo por las obras de remodelación que llevó a cabo en la antigua EDAR de Coruxo para implantar allí un parque de bomberos.
La APLU entiende que las obras fueron ejecutadas el año pasado en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre sin estar amparadas por la preceptiva autorización del órgano competente en materia de costas.
Además, dice el auto de la APLU, las obras carecen también de licencia urbanística, según se desprende del informe emitido en julio del año pasado por el jefe de Área de Seguridad del Concello de Vigo, y tampoco consta autorización de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni de Augas de Galicia.
“Una ilegalidad esférica, se mire por donde se mire”, ha dicho al respecto CIG, CCOO y CUT, los sindicatos que hasta en tres ocasiones denunciaron que la actuación emprendida por el Concello en las instalaciones situadas en la Avenida Ricardo Mella, número 180, en Vigo, eran ilegales.
Efectivamente, los hechos que se le imputan al Ayuntamiento de Vigo son constitutivos de una “infracción administrativa grave”, según el auto de la APLU, que habla de “actuaciones abusivas”.
La realización de construcciones no autorizadas en zona de servidumbre de protección, como es el caso, implican una multa de 25% del valor de las obras e instalaciones, que ascendieron a algo más de 400.000 euros. Además, la actuación constituye una infracción grave tipificada en el artículo 90.2.i de la Ley de Costas, la cual estipula una sanción de hasta 300.000 euros.
El Ayuntamiento de Vigo, responsable de la infracción como promotor de las obras tal y como estipula la ley, tiene ahora 15 días hábiles para aportar alegaciones.
Los sindicados denunciantes en el cuerpo de Bomberos de Vigo han calificado en un comunicado de “vergonzoso, indecente e intolerable” el hecho de que “con dinero de los ciudadanos se financien obras ilegales en edificios públicos”.
