La Xunta de Galicia ha defendido el modelo contractual escogido para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, asegurando que permitió reducir el plazo de ejecución, que se habría demorado hasta 15 años según sus cálculos.
Así ha salido el Gobierno gallego al paso en un comunicado después de conocerse el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo publicado por el Consello de Contas de Galicia, que concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido).
Al respecto, el Ejecutivo autonómico ha dicho que el modelo utilizado era el «único posible y viable», al ser la «única alternativa factible que permitía la construcción del nuevo hospital de Vigo para dotar y completar el complejo hospitalario de conformidad con las necesidades asistenciales de ese momento».
En concreto, la Xunta subraya que Contas recoge que el plazo de ejecución fue inferior al plazo medio de ejecución bajo el modelo de contratación tradicional.
«Esa fue precisamente una de las razones por las que se seleccionó el modelo concesional (la primera ventaja del modelo contractual escogido)», añade el Gobierno gallego, indicando que, como explica Contas, «la Administración no asumió sobrecostes por la ejecución de la obra».
Según sus cálculos, la ejecución se habría demorado hasta 15 años si no se optase por ese modelo, «teniendo en cuenta el contexto de grave crisis económica de los años de su licitación». «Esta demora supondría graves prejuicios a nivel asistencial para la población de la ciudad y de toda la comarca», ha añadido la Xunta.
También ha defendido que la concesión del Cunqueiro se apoya en un estudio de viabilidad económico-financiera y en una memoria económica complementaria al contrato. «Por lo tanto, la Xunta estudió en profundidad y acreditó las ventajas de la colaboración público-privada, teniendo en cuenta, además, que en aquel momento resultaba imposible acometer nuevas infraestructuras con cargo a los presupuestos», ha añadido, recordando que en 2009 se inició una senda presupuestaria marcada por la disminución de los presupuestos en todas las Administraciones del Estado, generada por la crisis financiera mundial. Pese a esto, Contas concluye en su informe que habría sido necesario un estudio de viabilidad general y no solo económico-financiero.
«La contratación de una obra de estas características con cargo al presupuesto podría haber puesto en grave riesgo la prestación de servicios sanitarios esenciales, tal y como reconoce el propio Consello de Contas en sus conclusiones, cuando indica que la licitación de la obra, por una parte, y de los contratos de servicio, por otra, exigiría a la Administración renunciar a la ejecución de gasto corriente o de otras inversiones para cumplir con el objetivo de déficit», ha subrayado el Gobierno gallego.
Por todo ello, la Xunta discrepa del cálculo efectuado por el órgano fiscalizador y de la comparativa realizada con una contratación a través de un modelo tradicional, «cuando se indica, a través de otras afirmaciones, que el modelo escogido era el único que resultaba factible en la coyuntura económica existente».
«La contratación agrupada de los servicios supuso ahorros considerables con respecto a la situación precedente. Así, para dichos servicios, la memoria justificada obrante en el expediente de contratación incluye una comparativa de costes entre el importe de los que se estaban asumiendo en aquel momento con los que resultarían de la gestión del modelo concesional, arrojando una diferencia del coste anual de 2,56 millones de euros», reivindica la Xunta.
Superficie
Sobre la superficie, asegura que se respetó la marcada en el pliego de prescripciones técnicas. «Simplemente, el proyecto básico al que se refiere el informe de Contas incluye las áreas funcionales, que incluyen espacios abiertos comunes y áreas de circulación entre áreas, mientras que el proyecto en ejecución no toma en cuenta ninguna de estas áreas de circulación. Es decir, no se trata de superficies comparables, no son superficies equivalentes», destaca el Ejecutivo.
También la Xunta se refiere a la no consecución del objetivo de las 2.000 camas hospitalarias que se esperaban para Vigo, indicando que la evolución de las tecnologías de diagnóstico y tratamiento, así como las modalidades organizativas y funcionales de los servicios pueden determinar la mayor o menor necesidad de camas.
«Ese número no puede examinarse como un parámetro absoluto o aislado de las estrategias y necesidades asistenciales», ha sentenciado.
Por último, ha defendido que Contas señala que «las pruebas de auditoría realizadas, referentes a la fase de explotación de la concesión, evidencian que la Administración realiza un control efectivo en esta fase de ejecución del contrato».
