El Ejecutivo autonómico les ha concedido un bono de alquiler social y ha ofrecido inmuebles vacíos fuera de la ciudad olívica, aunque siempre dentro de su área metropolitana, ya que la Xunta mantiene que actualmente no dispone de pisos desocupados en Vigo. Los últimos con los que contaba, según argumenta, fueron destinados a atender “necesidades urgentes”.
Concretamente, el afectado en cuestión ha aceptado un inmueble en Salvaterra de Miño que se ajusta a sus necesidades, después de haberlo visitado este miércoles junto a personal del servicio provincial de Vivenda, por lo que le será adjudicado oficialmente en los próximos días. Además, el Ejecutivo gallego asegura que seguirá trabajando para intentar realojar a esta persona en un piso de Vigo.
Las otras dos personas en huelga de hambre permanecen a la espera de recibir una alternativa por parte de las administraciones. Una de ellas ya indicó con antelación que debido a «motivos personales» no puede irse a vivir fuera de la ciudad olívica.
Polémica en el Concello
En torno a este caso, la portavoz del grupo municipal del PP, Elena Muñoz, afirmó que el ayuntamiento posee tres viviendas sociales que podría “poner hoy mismo” a disposición de estas familias y acusó al alcalde, Abel Caballero, de haber mentido al alegar que el consistorio no posee pisos para ofrecer a los afectados.
Según Muñoz, se trata de tres inmuebles situados en Coruxo que fueron cedidos por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en 2012 “y que el Concello ha mantenido vacíos durante todos estos años”.
No obstante, el portavoz del grupo municipal del PSOE vigués, Carlos López Font, ha aclarado que la “política social” del consistorio aboga por dedicar esas viviendas, al igual que muchos otros en la ciudad, para casos de violencia machista y que deben estar disponibles por si fuera necesario utilizarlas en caso de urgencia. No obstante, no confirmó que hubieran sido utilizados en estos últimos cuatro años.
