La polémica se generó tras exigir la Favec que el Concello de Vigo pusiera uno de esas viviendas –cuya situación trascendió hace ya tiempo- a disposición de una mujer maltratada que iba a ser desahuciada junto a sus tres hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad.
En respuesta a esa denuncia, Abelairas recordó que no se podía realojar a esta familia en esos pisos al conocerse su localización y recordó que desvelar la situación de los inmuebles destinados a acoger víctimas de violencia machista es “un delito”.
Pérez reclamó a la concejala que se retractara de sus declaraciones al considerar que la estaba acusando de revelar esa ubicación, algo a lo que la edil se negó.
Con la presentación de esta demanda, Pérez insiste en pedir una rectificación pública y espera que Abelairas se presente al acto de conciliación que convoque el juzgado.