En las últimas semanas, una nueva polémica ha surgido en las redes sociales. Son múltiples las publicaciones de usuarios que denuncian la creciente práctica de «parcelar» zonas de los arenales con el uso de cortavientos, lo que genera una privatización de facto de los espacios públicos. Este fenómeno, aunque frecuente en playas ventosas de Portugal, ha tomado por sorpresa a los bañistas de las Rías Baixas, donde no se justifica por las condiciones meteorológicas y, además, incumple la normativa municipal.
Apropiación del espacio público
El conflicto se centra en la transformación de los cortavientos, diseñados originalmente para proteger del viento, en herramientas de ilimitación de espacio. Grupos de usuarios llegan temprano a las playas y despliegan varios de estos cortavientos para delimitar amplias áreas, reservándolas para su uso exclusivo. Esta práctica convierte lo que debería ser un espacio compartido en una extensión privada, impidiendo que otros bañistas accedan a zonas que, por derecho, son públicas.
En Samil, una de las playas más turísticas de Vigo, esta situación se ha intensificado, con bañistas utilizando hasta tres cortavientos para marcar grandes áreas de la playa. Esto ha generado un creciente malestar entre los usuarios, quienes señalan que la playa se está convirtiendo en una especie de «campo de parcelas».
¿Qué dice la normativa?
El Ayuntamiento de Vigo implementó en 2021 una ordenanza para regular el uso de las playas, con la intención de proteger el acceso público a los arenales y mantener el orden en su uso. Esta normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de uso privativo del espacio público marítimo-terrestre, incluyendo la instalación de objetos que, aun sin requerir obras permanentes, denoten una apropiación indebida del espacio.
Aunque los cortavientos no están específicamente prohibidos, su uso con el propósito de parcelar tramos de la playa va en contra de la ordenanza municipal y la Ley de Costas. Tan y como explican las autoridades locales este tipo de comportamientos excede el uso legítimo de los cortavientos y requiere autorización administrativa para ser considerado legal.
Por otro lado, la ordenanza también establece que queda prohibido dejar instalados objetos como sombrillas, sillas o cortavientos si sus propietarios no están presentes, una medida destinada a evitar la «reserva de espacio» en las playas.
Labor policial
El Ayuntamiento de Vigo considera que parcelar la playa mediante el uso de cortavientos puede calificarse como una infracción grave, sujeta a multas que van desde los 751 hasta los 1.500 euros. Dependiendo de la reincidencia o la intencionalidad detrás de la conducta, las sanciones podrían escalar hasta los 3.000 euros, si se considera una infracción muy grave.
Este verano, la Policía Local de Vigo ha intensificado la vigilancia en las principales playas, como Samil, O Vao y La Fuente, retirando cortavientos y otras instalaciones no permitidas. Las autoridades han advertido que seguirán aplicando la normativa de manera estricta, tanto para garantizar el acceso libre a los arenales como para evitar que el comportamiento de unos pocos perjudique la experiencia del resto de los bañistas.
La controversia ha alcanzado niveles notables en redes sociales, donde los usuarios han compartido imágenes y opinión sobre la proliferación de estas «parcelas» en la arena. Este fenómeno, que hasta ahora parecía confinado a algunas playas ventosas de Portugal, ha despertado una fuerte reacción en Vigo y las Rías Baixas. Muchos bañistas consideran que el uso excesivo de cortavientos es una forma de apropiarse del espacio público, transformando la playa en un espacio exclusivo para algunos.
En localidades cercanas como Cangas, la situación ha derivado en la intervención directa de la Policía Local, que ha desmontado varias de estas «construcciones» tras recibir numerosas quejas de bañistas. Si bien en Portugal los cortavientos son comunes debido a las condiciones climáticas, en las Rías Baixas las playas suelen ser más protegidas, y su uso masivo resulta innecesario e intrusivo.
Un debate que continuará
A medida que el verano se aproxima a su fin, el debate sobre la «parcialización» de las playas promete continuar. Las autoridades locales ya han tomado medidas para controlar esta práctica, pero la aplicación de las ordenanza debe equilibrar el derecho de los bañistas a utilizar cortavientos para su comodidad, con la necesidad de garantizar que las playas sigan siendo un espacio público compartido por todos.
Las sanciones económicas son un claro disuasivo, pero la educación y el respeto en el uso de los arenales también jugarán un papel clave en la resolución de esta controversia. Mientras tanto, las playas de Vigo (y las redes sociales) seguirán siendo el escenario de este debate sobre el uso justo y equitativo de los espacios públicos.
