El gobierno municipal de Vigo ha reiterado este miércoles que el procedimiento para convocar un concurso de patrocinio publicitario (que finalmente quedó desierto) para el concierto de Guns N’ Roses «cumplió la estricta legalidad», y ha arremetido contra la oposición por estar «empeñados» en que el Ayuntamiento pague casi 2 millones de euros a una empresa privada.
El portavoz del gobierno vigués, el concejal socialista Carlos López Font, ha señalado, en un audio grabado y remitido a los medios, que «no cabe ninguna duda» de que PP y BNG «deben ser agentes comerciales de una empresa», en alusión a la promotora del concierto, que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por entender que había un acuerdo de patrocinio que fue incumplido.
Tras acusar a los grupos de la oposición de querer que «se le regalen» 1,9 millones de euros a la promotora, López Font ha proclamado que el gobierno local «vela por el dinero público, que es de todos los ciudadanos», y ha reclamado explicaciones a ‘populares’ y nacionalistas por sus críticas relacionadas con ese polémico patrocinio frustrado.
«Deben explicar por qué están empeñados en que el Ayuntamiento, al margen de un procedimiento que cumplió la estricta legalidad, se gaste ni un céntimo del presupuesto municipal», ha zanjado el portavoz del gobierno vigués.
Aunque ha defendido la legalidad del procedimiento, López Font no ha aclarado si, antes de la convocatoria de ese concurso, existía un acuerdo o compromiso por parte del gobierno local con la promotora para la celebración del concierto, un acuerdo previo que recogía la cesión del estadio de Balaídos y cantidad de dinero que recibiría la empresa por el evento (tal y como sostiene la propia empresa).
Recurso ante los tribunales
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo admitió a trámite un recurso presentado por la promotora Live Nation, que organizó el concierto de Guns N’ Roses celebrado en el estadio de Balaídos en junio pasado, contra la decisión del Ayuntamiento olívico de rechazar su reclamación por el patrocinio fallido del evento.
En febrero del año pasado se anunció la celebración del concierto y se anticipó también la fecha de venta de entradas (en marzo); a finales de abril, el Ayuntamiento publicó el pliego de licitación de un patrocinio de casi 2 millones de euros para un concierto de una banda internacional, a celebrar en unas fechas determinadas de junio y con unos requisitos muy concretos, sin aludir en ningún momento a Guns N’ Roses.
En esa tramitación, la mesa de contratación cuestionó la documentación presentada por la única licitante, Sweet Nocturna (asociada con Live Nation) y a principios de junio se confirmó que el procedimiento quedaba desierto, porque la documentación aportada por la promotora no se consideraba válida.
La licitante cuestionó los motivos para declarar desierto el concurso y criticó la «actuación arbitraria» del Ayuntamiento de Vigo. Además, Live Nation desveló tras el concierto (que se celebró igualmente) que tenía un «compromiso por escrito» seis meses antes de que se licitara ese concurso y acusó directamente al alcalde, Abel Caballero, de «incumplir un compromiso personal con la promotora».
Al respecto, aseguró que el propio regidor solicitó a finales del año 2022 a las promotoras Live Nation y Sweet Nocturna la organización de «dos grandes conciertos en Balaídos». «Tras una reunión en octubre, Live Nation comunicó la posibilidad de disponer de una fecha de la mítica banda Guns N’ Roses, tras lo cual se firmó un documento de compromiso ese mismo mes, en el que se especificaba, por parte del Ayuntamiento de Vigo, la contribución económica y la cesión del recinto», reconoció la empresa.
El gobierno local, por su parte, tras semanas de silencio, finalmente explicó que lo que se había enviado a la promotora había sido una «carta de interés», pero que en ningún caso podía considerarse un contrato o un compromiso de contrato, pero no aclaró si existieron esos contactos previos a la carta.
Los grupos de la oposición criticaron la gestión que el gobierno local hizo de este concurso de patrocinio, el «daño a la imagen» de la ciudad y el «chalaneo» que suponía hacer una licitación ‘ad hoc’, que los vigueses «pueden pagar caro» si el recurso prospera en los tribunales.
