Todo apunta a que no habrá indulto para el funcionario del Concello de Vigo condenado por enchufismo en el seno del Ayuntamiento. Así lo ha dado a entender este miércoles en el Congreso la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras una pregunta del diputado del PP Luis Santamaría.
El representante ‘popular’ pidió explicaciones sobre los principios y directrices que sigue el Gobierno para otorgar el derecho de gracia después de los últimos indultos concedidos y en la lista incluyó el solicitado para este cargo vinculado al Concello de Vigo. La respuesta no fue explícita pero sí dejó claras algunas “líneas rojas” del Ministerio de Justicia, entre ellas las condenas por corrupción. En este caso se trata de un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental.
En su exposición, Santamaría aseguró que el Gobierno de España estaba “a punto” de conceder el derecho de gracia a “un funcionario condenado a cinco años de prisión por enchufar a la cuñada de Carmela Silva, presidenta de los socialistas gallegos, presidenta de la Diputación de Pontevedra y primera teniente de alcalde de Vigo, que se llevó 100.000 euros del ala sin prestar el servicio por el que había sido contratada y todo con el beneplácito del alcalde, Abel Caballero”. Por ello, el diputado del PP preguntó si, con estos indultos, se estaría “dinamitando la separación de poderes”.
Pilar Llop aseguró que “no concedemos indultos en casos de corrupción o de violencia machista”. Esas son las “líneas rojas” que se marca la titular de Justicia, que aludió al “principio de legalidad” y a la “utilidad pública” a la hora de exonerar a personas condenadas.
La réplica de Santamaría fue clara: “Le tomo la palabra”, espetó sobre el caso vigués. “Sería difícil de entender que alegar ser un militante del PSOE durante 25 años y de la UGT sea un criterio válido para conceder los indultos”, añadió. El representante del PP lamentó en todo caso que se siga sin saber “quién ordenó enchufar a la cuñada” de Carmela Silva y se cuestionó si “no estarán ustedes comprando su silencio con ese indulto”.
Tras estas intervenciones, el grupo municipal de Marea de Vigo ha reaccionado positivamente a las declaraciones de la ministra y criticó que se haya “tensionado” al movimiento vecinal de Vigo pidiendo que se apoyara la petición de indulto. La formación calificó este caso como “uno de los capítulos más deleznables de la política viguesa”.
Entrada en prisión suspendida
La sección quinta de Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, suspendió hace poco más de un mes la entrada en prisión de este alto cargo hasta que el Consejo de Ministros de pronuncie sobre su petición de indulto. Esta persona fue condenada en febrero de 2019 a cinco años y tres meses de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental, pena confirmada el pasado diciembre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La polémica en torno a este caso continuó semanas después al estar su nombre incluido en la lista de trabajadores subrogados para el nuevo contrato de iluminación de la ciudad de Vigo. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) acabó suspendiendo de forma cautelar la licitación “como garantía del cumplimiento de la legislación sobre contratos públicos y la corrección de las posibles infracciones de los poderes adjudicadores en una etapa en la que estas pueden ser aún corregidas de ser el caso”.
