Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo inmovilizaron este jueves dos ambulancias con base en Vigo dentro de la investigación abierta por un juzgado de Santiago para comprobar, tal y como ocurre en otros puntos de Galicia, que no cumplían con la normativa vigente de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres.
La inspección, según informaron desde el sindicato CCOO, se registró alrededor de las 10 de la mañana cuando se presentaron en el Hospital Nicolás Peña un inspector de la Guardia Civil, varios ingenieros y agentes. Dos ambulancias, una medicalizada y otra convencional, fueron trasladadas al servicio de la ITV para someterlas al pesaje.
Los resultados, según las mismas fuentes, no dejaron lugar a dudas. El vehículo carrozado con servicio médico arrojó un peso que superaba en 900 kilos el permitido, mientras que la RSTU (convencional) excedía el límite en 400 kilos. Además, los agentes también se trasladaron a la base del 061 en O Porriño, donde se realizó la misma comprobación con idéntico resultado.
Los inspectores también comprobaron que todas las ambulancias llevaban a bordo todo el material fijado por la concesión administrativa del 061 y evitar así que la empresa, conocedora de revisiones en otros puntos de Galicia, hubiese retirado instrumental para disminuir el peso.
La inspección llevada a cabo en Vigo se incluye en la investigación iniciada hace casi un año tras detectarse varias ambulancias con exceso de peso en la provincia de Lugo, en la zona de Viveiro.
Secreto de sumario
La instrucción del caso está actualmente bajo secreto de sumario y se desconoce el alcance real, pero los sindicatos sospechan que podría afectar a la práctica totalidad de las ambulancias medicalizadas de Galicia, lo que podría suponer un grave problema para el servicio de emergencias por una eventural orden judicial para retirarlas de las carreteras.
Además, el responsable de CCOO a nivel autonómico del sector de ambulancias, Roberto Rodríguez, alerta de que los conductores se encuentran en «total indefensión», puesto que podrían ser sancionados al estar manejando vehículos que no cumplen las normativas.
«Lo primero que haremos es informar a los trajabadores de la situación para que pidan a la empresa Ambuibérica, principal concesionaria en Galicia, que les certifique que sus vehículos cumplen con el peso legal», explica Roberto Rodríguez.
El enlace sindical añade que solicitarán una reunión con el 061 para aclarar la situación en la que se encuentran y «a partir de ahí tomaremos las decisiones necesarias para defender al personal, si hay que parar, pararemos».
