Como consecuencia de esta avería, una afectada por el accidente de O Marisquiño que acudió a la oficina para recibir atención psicológica y legal tuvo que ser atendida en la entrada del inmueble, en la planta baja. «La chica tiene una pierna rota como consecuencia de la caída en As Avenidas y le era imposible subir el medio centenar de escaleras hasta la sede de la Federación», explica María Pérez, presidenta de la Favec.
«En reiteradas ocasiones la Federación ha reclamado al Concello la restitución de este servicio tan necesario y tan usado por personas de todas las edades y condiciones físicas al tratarse de una oficina vecinal. Sin embargo, solo obtuvimos el silencio por respuesta», apunta.
Por otro lado, La Federación Eduardo Chao arrastra una deuda importante que según los responsables de la misma está causada «por los continuos impagos del Concello». En este momento, la cantidad asciende a 650.000 euros. La primera deuda se generó en 2008 y 2009 cuando no se pagó el convenio de 75.000 euros anuales durante el mandato de Elena González. Después, y durante dos años, se volvieron a retomar los lazos económicos, pero en 2013 se rompieron de nuevo. «A esto hay que sumarle dos planes de empleo municipales que, aunque aprobados y prometidos, tampoco se abonaron en la cuenta de la Federación. De uno por valor de 135.000 €, solo se pagaron 35.000 € a pesar de que el personal ya estaba contratado y había que pagarle los sueldos», señala Pérez.
Desde entonces, la Favec ha tenido que hacer frente a todos los gastos obligados gracias a una póliza de crédito, por este motivo «era imposible asumir costes tan elevados como el de la avería del ascensor».
La asociación explica que existe un acuerdo de una junta de gobierno en el que el consistorio se hacía cargo del pago de la deuda con la empresa porque la Federación, al no recibir las ayudas municipales concedidas desde hace diez años, no tiene capacidad económica para asumir los 9.000 euros que, dice la empresa, vale su arreglo. Sin embargo, no lo hace efectivo.
La Federación se plantea denunciar al consistorio por incumplir la norma que obliga a adaptar edificios y servicios a cualquier discapacidad y que entró en funcionamiento el pasado 3 de diciembre de 2017. La accesibilidad en un lugar público debe incluir los accesos, los itinerarios interiores, los aseos, la señalización y los desplazamientos entre las distintas plantas.
«Está claro que esta maniobra forma parte de la estrategia de Abel Caballero para hundir a la Federación, pero no lo va a conseguir, el problema es que las consecuencias de su plan de desgaste las sufren los ciudadanos», lamenta María Pérez, quien exige que «cese ya en su campaña de acoso y humillación y se centre en trabajar por los ciudadanos».
