La Xunta de Galicia pedirá al Concello de Vigo a finales de otoño la licencia de primera ocupación para la Ciudad de la Justicia, la cual, una vez concedida, permitirá el traslado de más de 500 funcionarios a unas instalaciones que comenzarán a amueblarse este mismo jueves.
Así lo ha asegurado este miércoles el arquitecto Alfonso Penela, durante la presentación de plan de traslado a las nuevas instalaciones judiciales de Vigo, un acto que ha tenido lugar en la azotea del antiguo hospital Xeral y al que han asistido el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el director general de Justicia, Juan José Martín, y el decano de los juzgados de Vigo, Germán Serrano.
Para cumplir con los plazos establecidos, ha dicho Penela, han sido muchos “los avatares” que se han tenido que superar. “Empezamos con amianto donde creíamos que no lo había, con unas estructuras que creíamos que estaban bien y estaban mal, luego llegó el Covid, que nos obligó a replantear todo el trabajo, a crear burbujas, y ahora, cuando íbamos como una moto, ha llegado este tema de los chips, el tema de la ausencia de materiales”, lo que ha obligado a adaptar la obra a los materiales disponibles, ha explicado Penela.
Ahora que todo parece encaminado hacia su final, y para ahorrar tiempo, “empieza un paso nada sencillo”, ha dicho Rueda, que es el traslado de mobiliario para ir acondicionando las plantas que ya están terminadas, el cual comenzará esta semana. “Creemos que es mucho más práctico, eficiente e inteligente empezar ya a hacer este acondicionamiento de mobiliario, que también lleva su tiempo, y para eso no es necesaria la licencia de primera ocupación, y por lo tanto ir adecuando las plantas”, ha explicado.
Una vez amueblado el edificio y con la licencia de ocupación en la mano comenzará el traslado de personal: 44 jueces más tres de refuerzo, 28 fiscales, 40 letrados, 116 gestores procesales, 192 tramitadores procesales, 81 auxiliares judiciales y seis equipos psicosociales, que suman entre todos 520 funcionarios. El objetivo es trasladar dos órganos judiciales por semana, a excepción de la Fiscalía y las dos secciones de la Audiencia Provincial, y completar todo el traslado en 20 semanas.
De lo que se trata es de “conseguir que el traslado tenga un impacto cero en las actuaciones procesales, es decir, procurar no provocar suspensiones de actos procesales de ningún tipo, y si esto ocurre, que sea lo mínimo imprescindible para que la actuación judicial no se vea dañada por el traslado”, ha dicho el decano.
En cuanto a los archivos, el definitivo, actualmente en los sótanos de los juzgados de la calle Lalín, podrá ser traslado antes que los funcionarios, no así lo que se denomina archivo vivo, es decir, aquel con el que se está trabajando, el cual se trasladará junto con el personal.
Si todo funciona como está programado, “antes de final de año este edificio tendrá la vida que todos estamos esperando”, ha dicho Rueda, y que la actividad judicial desaparezca definitivamente de los juzgados de la calle Lalín en torno al primer trimestre del año que viene.
