La mayoría de las quejas se refieren al diseño estructural en el que no se tuvieron en cuenta las opiniones de los profesionales y ahora precisan obraspara su corrección, tanto la falta de ventilación como la «mala» decisión de situar en el interior del hospitla el almacén de productos tóxicos. También remarcan el hecho de que la distancia entre los depósitos de almacenaje de nitrógeno líquido y los lugares donde va a ser utilizado superan las distancias recomendadas para los circuitos de distribución.
El laboratorio de «respuesta hospitalaria» cuenta en la denuncia de CIG con un «capítulo especial» ya que lo considera «constructivamente inadecuado» por vulnerar principios de protección y seguridad biológica de los trabajadores. Tampoco cuenta el área de microbiología con un sistema de ventilación independiente del resto del edificio por lo que se facilita la difusión de aire contaminado por el resto de equipos analíticos.
A estas denuncias por falta de ventilación en los cuartos donde se almacenan productos tóxicos como ocurre en el sercicio de anatomia patológica, la distancia a los tanques externos de suministro de nitrógeno líquido y el laboratorio «inadecuado» se suman el «grave incumplimiento» de la ley en la instalación de bolardos en las aceras (BOE Núm. 61, xoves 11 de marzo de 2010 Páx. 24577) y la falta de señalización de evacuación, señala el comunicado de CIG-Saúde, que firma el secretario comarcal, Manuel González Moreira.
Comisión de investigación
Por su parte, desde la Asociación Galega pola Defensa da Sanidade Pública se exige una comisión de investigación sobre el proyecto del nuevo centro alegando que existen importantes irregularidades en las que se mezclan «conflictos de intereses» con la confrontación que ha creado entre los profesionales.
Así, la plataforma critica que la modificación del proyecto inicial del hospital, que iba a ser público, se supervisó a través de la Oficina Técnica de Seguimiento (OTS), que se creó para controlar la ejecución del contrato del Servicio Gallego de Salud por la empresa contratista.
En su escrito, la AGDSP recuerda que esta oficina se adjudicó a Galaria (Empresa Pública de Servicios Sanitarios S.A.) por algo más de cuatro millones de euros y que se le permitía externalizar la actividad a una empresa privada que resultó ser Efficientia Clinical Management. Esta empresa, que definió y redactó el proyecto definitivo, el programa funcional y el plan de gestión, se constituyó en 2011 con un capital testimonial de 3.100 euros y su titular es Ana Sánchez, que ha desempeñado cargos como la dirección del hospital Meixoeiro, la gerencia del hospital de Fuenlabrada de Madrid y la viceconsejería de la Comunidad de Madrid siendo, recuerda la plataforma en su comunicado, responsable de los recortes llevados a cabo en la sanidad pública de dicha comunidad. La empresa, con sede en el domicilio de su propietaria, elaboró los proyectos del nuevo hospital «de acuerdo con los intereses y las necesidades de rentabilidad de la empresa privada y no del interés general que debe representar el Servicio Gallego de Salud», razón por la cual reclaman la apertura de la comisión de investigación.
«Resulta chocante la privatización de una actividad que podría perfectamente realizar el Servicio Galego de Saude con sus propios recursos técnicos sin tener que pagar por ello a una empresa externa, en momentos en que está recortando atención a los sectores que más la necesitan o se despide y precariza al personal sanitario», añaden en el comunicado en el que subrayan que «la responsable de Efficiente Clinical Managemenet es una firme defensora de los recortes sanitarios, la privatización de los recursos, la laboralización del personal y el Copago por parte de los pacientes (expuestos públicamente en su ponencia ante la Comisión del Parlamento Español para la mejora del sistema sanitario)».
Además de esta situación irregular, la nota de la plataforma añade también que la supresión del laboratorio en el nuevo hospital favorece al nuevo Laboratorio Central de Galicia, cedido por la Xunta a la empresa Suiza Unilabs que, «curiosamente», es la misma multinacional que gestiona el laboratorio central madrileño creado tras la supresión de tres laboratorios públicos.
«Se han introducido importantes recortes en el proyecto inicial (para abaratar gastos a la concesionaria privada), reduciendo el equipamiento, las camas de hospitalización convencional en un 31,8%, los quirófanos en un 31,4%, el Servicio de Urgencias en un 55,5% y las salas de Radiología en un 45,7%, además de empeoramiento en la calidad de los materiales de construcción y la pérdida de la eficiencia energética (multiplicará los gastos de calefacción o aire acondicionado). Como consecuencia de estos recortes el nuevo hospital de Vigo ha dejado de ser Centro de Referencia en Servicios de Alta Tecnología y Especialización para 300.000 personas de Pontevedra, que han pasado a depender del Complejo Hospitalario de Santiago», subrayan.
Por último, remarcan que la cesión de la gestión del aparcamiento a la UTE, además de una importante pérdida económica para la sanidad pública gallega, supondrá que los enfermos y familiares usuarios del nuevo hospital quedaran afectados por un nuevo copago (pagaran por aparcar casi dos euros a la hora) dada la inexistencia de espacios alternativos, la lejanía del centro y los problemas de trasporte público que llegue a toda el área sanitaria.
