Seis personas que viven en Cabral intentan entrar en la comunidad de montes de esta parroquia desde marzo de 2019, sin que la junta rectora se lo permita pese a los requerimientos judiciales que se han sucedido desde entonces. El último es de la Audiencia Provincial de Pontevedra que no ha aceptado el recurso de apelación presentado por la directiva de los comuneros después de que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo le comunicase en 2022 que debía admitir a estos seis vecinos que lo demandaban ya que cumplían con todos los requisitos estatutarios para poder hacerlo (todos ellos tienen casa y residen habitualmente en la parroquia de Cabral).
Una de las demandantes es Beatriz Ucha, presidenta de la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes. “Sencillamente no nos dejan entrar porque somos incómodos para la actual junta rectora. La falta de democracia en el seno de una comunidad de montes de la importancia como lo es la de Cabral es notorio y no atienden ni a los requerimientos de la administración de justicia”, se queja.
“Hace más de un año, en el fallo de 2022, ya se instaba a la comunidad a que nos incluyese en el libro de comuneros después de lo que ocurrió en 2019, cuando el presidente incitó al ‘no’ en una asamblea que tuvieron que convocar, por cierto, también, por orden de la Audiencia Provincial”, remarca Beatriz Ucha.
Esta situación afecta a otros vecinos de la parroquia que no consiguen acceder a la comunidad de montes “solo por no estar de acuerdo con la actual junta rectora dirigida por Luis Rodríguez”, en palabras de la plataforma. En algunos casos, como le ocurre a Ucha, la directiva de los comuneros les ha demandado “con el fin de anexionar al monte de la comunidad, fincas particulares o solares que hoy ocupan empresas en plena actividad laboral”, según este colectivo.
“Es un puzle donde todas las piezas encajan. Quien no lo ve es porque no quiere. Por eso, acudimos a los tribunales pero también necesitamos el apoyo de las administraciones y de quienes tienen la obligación de legislar ante una situación desoladora”, matiza la presidenta de la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes.
A la Comunidad de Montes de Cabral le queda el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como recurso para seguir demorando la entrada de estas personas.
