Galicia seguirá concentrando los abortos, en particular a partir de las 22 semanas de gestación, en los hospitales públicos de Vigo y de Ourense, con el afán de adquirir una mayor especialidad y experiencia, afirmó este jueves el gerente del Sergas, José Flores.
En su intervención ante una comisión del Parlamento de Galicia, el responsable del Sergas, un órgano de gestión de los hospitales y centros de atención primaria públicos de Galicia, aseguró que la totalidad de interrupciones voluntarias del embarazo a partir de la 22 semana de gestación se efectúan bien en el Álvaro Cunqueiro de Vigo o en el Complejo hospitalario de Ourense.
La intención del Sergas que «concentrar experiencia» en esos dos centros, comentó Flores, que ha ejercido de médico de urgencias en varios hospitales gallegos antes de ser nombrado al frente de ese organismo público, y añadió que su intención es «seguir así». El Sergas es un «red única» de centros médicos, aseguró Flores, y justificó que los pacientes sean derivados de un sitio a otro alegando que «da igual donde se localicen».
El representante de ese órgano respondió de es manera a una de las preguntas de la diputada del BNG Iria Carreira acerca de las razones de que muchas mujeres en Galicia sean derivadas a hospitales más lejanos por la imposibilidad de abortar en algunos centros médicos debido a la objeción de conciencia de parte de los facultativos. Carreira advirtió de que hay «alarmantes datos» sobre derivaciones de mujeres para abortar en centros de fuera de su zonas de residencia y en especial a establecimiento privados.
Centros privados
Un 77 % del total de interrupciones voluntarias del embarazo en Galicia se efectuaron en 2020 en centros privados, debido a que en muchos centros hay profesionales que «apelan a un conflicto ético o moral» para evitar participar en ese tipo de intervenciones al justificar motivos «fundamentalmente religiosos», comentó Carreira.
Sin embargo, «hay más factores» que explican en Galicia la falta de aplicación de la legislación sobre el derecho de las mujeres a abortar en los supuestos legalmente establecidos, comentó, y citó la «falta de recursos humanos y materiales». Consideró que de esa situaciones es «directamente responsable la Xunta» porque «no tiene voluntad política» para facilitar la implementación de medidas para abortar.
