El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –antes de Fomento- se ha querido desmarcar este viernes del posicionamiento adoptado por la Abogacía del Estado en la causa contra Audasa. El departamento que dirige José Luis Ábalos ha reaccionado a la polémica suscitada por las tesis de este organismo, que coinciden con las de la concesionaria, que quiere evitar la devolución de los peajes cobrados –de forma supuestamente indebida- durante las obras del puente de Rande.
En un comunicado, el Ministerio ha defendido que el criterio de la Abogacía se debe “estrictamente” a cuestiones “técnicas”. Además, se anticipa a encuadrar también sus “posibles declaraciones” futuras durante el proceso en este ámbito, desvinculándolas totalmente de toda “actitud política”. Actitud que, según recuerda, “es impensable dentro de un procedimiento judicial”.
Asimismo, el Gobierno asegura no defender a Audasa. Según esgrime, está “completamente de acuerdo en que se le exijan responsabilidades en caso de que hubiera obrado incumpliendo la normativa o de sus obligaciones y es nuestra obligación exigírsela”.
El Ministerio recuerda igualmente ha trabajado “desde el primer momento” para endurecer el control a las concesionarias. “Prueba de ello es que endurecimos el régimen sancionador que les es aplicable. Para ello, aprobamos el Real Decreto-Ley 18/2018, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, en el que introdujimos la tipificación de una nueva infracción muy grave, para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando éstas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y, además, al que dimos también carácter retroactivo para que fuera aplicable a las concesiones ya existentes”, explica en el comunicado de prensa.
