El servicio de autobús urbano ha perdido desde el año 2019 un total de 1,3 millones de personas usuarias, según los datos oficiales del Concello, razón por la que el BNG ha exigido este miércoles un “cambio radical” al entender que este abrupto descenso es consecuencia de la “precarización continuada” de este servicio esencial.
No en vano, se han recortado 250 frecuencias diarias desde la pandemia, por lo no hablar de la desregulación de los horarios y de un mapa de líneas que desde el Bloque califican de “obsoleto”.
“Con menos buses circulando, con menos frecuencias, con peores horarios y con este mapa de líneas es imposible que aumente el uso”, ha dicho el portavoz de los nacionalistas en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, según el cual, las condiciones del servicio de autobús que ofrece el Ayuntamiento “están muy lejos de convertirlo en una alternativa real al coche particular”.
El Bloque afirma que unos datos “alarmantes” como estos no se van a revertir con los pliegos para el nuevo contrato que acaba de licitar el Gobierno municipal, en el que no se prevén más vehículos y personal conductor ni tampoco un total de kilometraje superior al del año 2019, por lo que es momento de un “cambio radical” para que Vigo cuente con un servicio de bus “a la altura de las necesidades de la mayor ciudad de Galicia”.
Así, Pérez Igrexas ha reiterado la demanda formulada en el último Pleno municipal para que se suspenda la nueva licitación y para estudiar un modelo de prestación directa del transporte urbano, a través de una empresa pública municipal que permita aumentar las frecuencias, mejorar los horarios y diseñar un nuevo mapa de líneas con participación ciudadana.
Descenso del bono social
El portavoz del BNG expresó también ha mostrado preocupación por el descenso del 70% en el número de personas usuarias (de 106.000 en 2019 a 32.000 en 2025) que utilizan el bono social de la Pass Vigo. Eso, ha dicho, no se debe a que haya disminuido la pobreza en una ciudad con más de 60.000 personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión, según el índice Arope. La causa principal, ha dicho, la “exclusión aberrante” del bono social de las más de 12.000 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Vigo, que no cuentan con ningún descuento adicional.
“El problema es que el Ayuntamiento de Vigo insiste en limitar la tarjeta social a las personas que perciben el subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción”, explicó el portavoz del Bloque, formación que reclama la puesta en marcha de una tarjeta “verdaderamente” social para que el servicio de bus sea gratuito para todas las personas de bajos recursos.
Entre ellas, piden incluir los vecinos y vecinas perceptoras del IMV, las desempleadas y las que están en situación de vulnerabilidad social, que aún no son beneficiarias de ninguna ayuda pública o la están tramitando.
“Es inexplicable e indecente esta falta de sensibilidad social por parte de Abel Caballero”, criticó el portavoz municipal del Bloque, lamentando que personas de bajos recursos, como las perceptoras del IMV, paguen la misma tarifa de descuento general de la Pass Vigo “de la que se puede beneficiar, por ejemplo, los miembros del Gobierno con dedicación exclusiva con salarios de más de 70.000 euros”.
