Una treintena de empresas y vecinos de Vigo han remitido al Concello de Vigo un escrito en el que le reprochan su inacción y “dejación de funciones” así como “incumplimiento flagrante de la ley” en el conflicto con los comuneros de Cabral, después de que este les haya contestado de manera “elusiva” a una anterior petición para que pusiera en marcha diversas medidas que ayudaran a solucionar los problemas existentes. Los afectados creen que el Ayuntamiento está obligado a implicarse porque así se lo exige “la legislación autonómica vigente” y porque el origen de las divergencias surgen del “propio funcionamiento anormal del Concello, que en su día transmitió ilegalmente los terrenos en litigio, ocupados hoy por las empresas y demás afectados”.
Según informan los afectados en un comunicado, en su respuesta el Concello da traslado de un informe de la Xerencia Municipal de Urbanismo, en el que este órgano evita toda mención a esas medidas que la ley le atribuye no sólo a dicho órgano en particular, sino también al propio Concello en general; y “se limita a indicar, evasivamente y sin negar la responsabilidad del Concello”, que no puede intervenir “al no tratarse de patrimonio municipal de suelo adscrito a la Xerencia ni en el momento de su constitución -ya que la transmisión de dicho suelo por parte del Concello es anterior a la creación de este organismo autónomo- ni en el momento actual”.
En el mismo informe, la Xerencia Municipal de Urbanismo indica, a la treintena de empresas y vecinos de Vigo afectados, que se trata de una cuestión entre particulares en la que carece de competencias y les invita a dirigirse a los departamentos de la Xunta de Galicia para que costeen un complejo proyecto de interés autonómico, a pesar de tratarse de un problema que afecta de manera específica al término municipal de Vigo.
Ante la contestación recibida por el Concello, a través de su Xerencia de Urbanismo, los afectados denuncian que el conflicto, habiendo sido originado por la administración local, ahora “lo pretende agravar con su actitud de ni tan siquiera informar a los afectados de las diferentes medidas que la ley le ordena adoptar en este tipo de casos” y le recriminan al respecto que “incumple de manera frontal un mandato que la ley dirige directa y explícitamente a los Ayuntamientos de preservar y potenciar su tejido industrial y los puestos de trabajo consiguientes”.
Advierten también al Ayuntamiento de que, además de “estar atentando contra ese interés del municipio”, esto provocará, de mantener su postura, que deba asumir, con el dinero de todos los vecinos de Vigo, “elevadas indemnizaciones” por los daños y perjuicios determinados por los “inevitables cierres de las empresas o su traslado a otras zonas”, como en la vecina Portugal, que ya han anunciado su interés en acoger a dichas firmas.
Igualmente, recuerdan al Concello que “su obligación de indemnizar” no viene precisamente determinada por un conflicto entre particulares, como responde evasivamente su Xerencia de Urbanismo, sino por el hecho de que el Ayuntamiento poseyó y vendió esos terrenos cuando ya tenían la condición legal de monte vecinal en mano común, siendo este el motivo de que los comuneros de Cabral estén litigando con el argumento de que se les deben devolver, amparados en la legislación sobre esa clase de montes; según la cual son de la propiedad de los vecinos que lo venían aprovechando desde tiempo inmemorial, gozando por ello de la condición de bienes indivisibles, inalienables e imprescriptibles. Motivo por el que, ante las actuales reivindicaciones de esos terrenos por los comuneros de Cabral, los tribunales se ven obligados a declararles propietarios de esos terrenos ante la rigidez al respecto de la legislación vigente en la materia, que obliga a estimar sus pretensiones, a pesar de haber sido los terrenos adquiridos posteriormente por particulares de buena fe, en la confianza de que el Concello era el dueño legítimo de lo que vendía, y de la protección registral que hubiera debido garantizar las propiedades que adquirieron.
Además, subrayan que el Consistorio contaba con medios técnicos y jurídicos más que suficientes para determinar que estaba vendiendo irregularmente esos terrenos, como los tiene ahora para conocer y aplicar las medidas que la ley le obliga adoptar para evitar un conflicto.
Según la documentación del Registro de la Propiedad de Vigo, el terreno vendido figuraba inscrito como una finca de 190 hectáreas a nombre del Concello de Vigo con fecha 22 de octubre de 1954. Posteriormente, el Consistorio fue transmitiendo terrenos de esta parcela a distintas personas y empresas que, a su vez, fueron trasmitiendo las fincas a terceros a lo largo de estos años, sujetos en todo momento a la legalidad, a la buena fe, y a la confianza legítima en la actuación del Concello. Desde hace dos años, la Comunidad de montes de Santa Marina de Cabral está reivindicando a estos propietarios la propiedad de esos terrenos alegando que son terrenos propiedad del monte desde tiempo inmemorial.
Desde la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca), que reúne a los afectados, se alega que ante la situación de presión por parte de los comuneros, se vieron obligados a solicitar el pasado enero, al Ayuntamiento vigués, que actuase como parte en este conflicto, ya que adquirieron, de buena fe y bajo el principio de seguridad jurídica, los terrenos que les transmitió dicha Administración Local. “El Concello debe asumir su responsabilidad en esta situación y actuar, ya que ha transmitido una propiedad que, de ser montes vecinales desde tiempo inmemorial, como dice la resolución clasificatoria, estarían fuera del comercio; es decir, no podrían ser vendidos, y menos todavía por el Concello, que tampoco podría ser propietario de los mismos”, explica el equipo jurídico de Aveeca.
