El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el comité de la concesionaria del agua en Vigo, Aqualia, contra una sentencia que declaraba ilegal la exención del recibo del agua para estos trabajadores, y confirma que, como usuarios de este servicio, deben pagar el recibo como el resto de ciudadanos, y ello a pesar de que no lo hayan estado pagando durante casi 50 años.
En la sentencia del TSXG, de julio pasado, se recoge que el comité de empresa de la concesionaria interpuso una demanda porque Aqualia comenzó a cobrar el recibo del agua a sus empleados en febrero de 2022. Esos empleados (los trabajadores fijos con residencia en Vigo) habían disfrutado de la exención del pago desde hacía casi 50 años, cuando aún esta empresa no gestionaba el servicio.
Esta exención se estableció en base a la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Depuración y Distribución de Agua, del año 1972; pero esa ordenanza fue derogada en 1998. La concesionaria del agua mantuvo la exención durante los siguientes años, pero el juzgado rechazó que esa situación pudiera considerarse una «condición más beneficiosa» para los trabajadores, ya que no se recogió en los convenios nacionales del ciclo integral del agua.
Por tanto, el juzgado de lo Social que recibió la demanda en primera instancia rechazó el recurso, y declaró que esa exención era ilícita, puesto que la normativa describe como sujetos pasivos del servicio (las personas que deben pagar por él) a todos los usuarios del mismo, y eso incluye a los trabajadores de Aqualia.
En su resolución, el TSXG hace suyos los argumentos del juzgado de lo Social, y confirma esa primera sentencia, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el comité. Contra la sentencia del TSXG cabe recurso de casación para la Unificación de Doctrina.
