La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 5 años y 3 meses de prisión impuesta por la Audiencia de Pontevedra a un funcionario del Concello de Vigo por un “plan urdido” para la “contratación oculta” de una persona que estaba vinculada familiarmente a miembro de la Corporación Municipal.
Francisco Javier Gutiérrez Orúe, que era jefe de Participación y Atención Ciudadana cuando sucedieron los hechos, es considerado responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. También es condenado a inhabilitación absoluta por el período de nueve años y un día.
Además, el Supremo ratifica también la condena a Ramón Comesaña Alonso, administrador de la empresa Imesapi, como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, éste como cooperador necesario, concurriendo en este acusado las atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de colaboración, a las penas de un año y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el periodo de dos años y 6 meses.
Ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Concello de Vigo con 108.147 euros más intereses, con declaración de responsabilidad civil subsididaria de Imesapi. La contratación al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo se hizo con la colaboración de Comesaña y la cobertura que suponía la entidad Imesapi, empresa que mantenía relaciones habituales con el Concello, según los hechos probados.
