María José Caride, conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de la Xunta que presidió Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009, ha sido este miércoles la primera responsable del bipartito en comparecer en la comisión de investigación del Parlamento gallego que evalúa, entre otros asuntos, el modelo concesional empleado para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Así, Caride ha defendido en esta tercera jornada los trabajos que realizó el Gobierno de PSdeG y BNG en aquellos casi cuatro años y ha asegurado que, con la vuelta del PP a la Xunta en 2009, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, se optó por un modelo de concesión de obras públicas «para mejorar la viabilidad económica financiera del posible adjudicatario».
Esto, ha añadido, supuso «esposar» a la Administración autonómica «durante 20 años» a una empresa, en este caso una UTE compuesta por cinco entidades que gestionará el hospital hasta 2035 a cambio de un canon anual. Según ha sostenido durante el debate, el bipartito iba a levantar la infraestructura a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).
Caride, ahora concejala socialista del gobierno de Vigo, también cree que la Xunta de Feijóo «obvió» realizar un estudio de viabilidad completo, tal y como reprochó el Consello de Contas, para poder llevar a cabo «una fórmula que tenían predefinida».
Esta fue la concesión de obra pública de la que Contas señala que tuvo «un sobrecoste de 470 millones de euros», en palabras de la exconselleira, y que por el camino se dejó «el 30 por ciento de las camas y el 20 por ciento del volumen útil» proyectado.
Fraga no dejó «ningún proyecto» iniciado
La exresponsable de Obras Públicas ha recordado que ya en 2004, aún con el gobierno de Manuel Fraga, el Hospital Xeral presentaba deficiencias y «no existía ningún proyecto» para levantar el Álvaro Cunqueiro.
Caride ha rememorado que, cuando arrancó el gobierno de Touriño, la nueva conselleira de Sanidade, María Xosé Rubio, se encontró con «325 millones de euros de facturas escondidas en los cajones» y, aún así, empezó a «analizar alternativas» tras constatar los «problemas estructurales severos» del Xeral.
Entonces, el nuevo plan funcional proyectó «el hospital de referencia» de Vigo con más de 2.000 camas –ahora hay unas 1.400–, por «la evolución de la población» del área y para que el peso relativo del concierto con Povisa «fuera descendiendo».
También ha explicado Caride que el bipartito no heredó de Fraga «ningún inicio de ningún proyecto de ningún tipo». Lo único que hubo, ha admitido, era una fórmula «inmensamente larga» por la que el Ayuntamiento de Vigo tenía que desarrollar siete suelos urbanizables.
Por tanto, el gobierno de Touriño optó por agilizar la disponibilidad de las parcelas a través de un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. Así, se adjudicó un concurso de ideas en 2007 y en los presupuestos autonómicos de 2009 «aparecían 11,5 millones para el pago de expropiaciones».
«Puso los puntos sobre las íes»
Por parte del BNG, Montse Prado le ha agradecido que aclarase «lo que hizo el bipartito», porque la «línea argumental» del PP en la comisión se basó en decir que «no habían dejado nada hecho».
Desde el PSdeG, Patricia Iglesias ha destacado cómo Caride «puso los puntos sobre las íes» en esta cuestión para confirmar que el bipartito hizo «todo el trabajo» desde «el corazón público».
Asimismo, Iglesias ha insistido en las «múltiples irregularidades» señaladas por Contas en el contrato, como la extensión de la concesión a servicios no sanitarios de los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña. «Eso no tenía respaldo en la ley de contratación en aquel momento», ha dicho la diputada.
PP acusa al PSdeG y BNG de «paralizar» el anteproyecto de Fraga
Enfrente, el popular Roberto Rodríguez ha recordado que una de las últimas reuniones del Consello de la Xunta de Fraga, semanas antes de las elecciones del 2005 en las que perdió la mayoría absoluta, aprobó una autorización de gasto para redactar el programa funcional y el proyecto básico de ejecución.
«Lo primero que hicieron ustedes (PSdeG y BNG) fue paralizar la adjudicación de ese anteproyecto», ha lamentado.
Más tarde, Rodríguez ha sacado el informe que el bipartito encargó a Garrigues para evaluar qué modelo de financiación era el más adecuado para el nuevo hospital y que puso encima de la mesa la opción de una sociedad mixta con un 90 por ciento de capital privado.
«Es que eso es un estudio de viabilidad, claro que hay que analizar todas las opciones», le ha respondido Caride, quien ha confirmado que el Consello de la Xunta de Touriño «solo evaluó una posibilidad» de financiación, que fue la de la Sociedade Pública de Investimentos, una entidad que «tenía un plan plurianual que preveía esa obra y otras». «El camino estaba trazado. Ustedes (el PP) dirán por qué decidieron desviarse».
Además, la ahora concejala ha cuestionado que el gobierno de Fraga «no tuviese tiempo hasta la campaña» de aquellas autonómicoas de 2005 para iniciar la construcción del nuevo hospital.
Jefe de Pneumología de Vigo
También ha comparecido este miércoles en la comisión el jefe de Pneumología de Vigo desde 2010, Alberto Fernández Villar, quien ha subrayado que el hospital supuso «un punto de inflexión» para el área sanitaria no solo desde el punto de vista asistencial, sino también de la docencia y la investigación.
Con todo, el pneumólogo ha reconocido que desconoce si el modelo escogido por la Xunta para su construcción es el mejor: «No puedo hablar de eso».
Por parte de los grupos, Armando Ojea (Democracia Ourensana) e Iago Tabarés (BNG) han cuestionado la presencia de Fernández Villar porque «nadie puso en duda» la «necesidad» de contar con el hospital. «Ante la escasez de médicos, su tiempo será muy apreciado», ha lamentado el diputado nacionalista.
Durante este debate, se ha producido un rifirrafe entre Paricia Iglesias (PSdeG) y Roberto Rodríguez (PP), al pedirse mutuamente retirar unas palabras pronunciadas por ambos en anteriores sesiones de la comisión.
La socialista deslizó el martes que la concesión del Álvaro Cunqueiro se había diseñado como un «traje a medida» para la UTE, al tiempo que apuntó a «irregularidades» en contratos que la Xunta adjudicó a empresas dirigidas por personas del entorno de Feijóo. El popular le dijo que había imputado a empleados públicos «un delito de prevaricación administrativa, como mínimo».
Este martes por la tarde, Iglesias le ha pedido, apelando al «compañerismo» entre diputados, que «acepte retirar» estas palabas porque era «inexacto». «Dije que jamás, jamás, jamás se cuestionó el buen hacer de los empleados públicos», ha recalcado, para seguidamente explicar que la ley de contratos públicos «penaliza» las concesiones a empresas con vínculos familiares con responsables públicos, «a lo mejor no en el ámbito penal».
Rodríguez cree que la socialista «es consciente de que se pasó de frenada» y ha zanjado la discusión con un ofrecimiento a que ambos «revisen» lo que dijeron.
Finalmente, después de que Iglesias advirtiese que formularía una queja ante la Mesa del Parlamento, la presidenta de la mesa de la comisión, Elena Candia (PP), ha pedido a los dos que «cedan un poco» y acuerden que estas palabras no consten en acta.
