El Sergas ha defendido que «garantiza el derecho» de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en los «centros públicos de las siete áreas sanitarias en todos los períodos de gestión y modalidades» autorizados por la ley de salud sexual y reproductiva.
Así lo ha detallado después de que la diputada socialista Paloma Castro acusó a la Xunta de «menoscabar los derechos de las mujeres» tras una «serie de incumplimientos» en materia de salud reproductiva de las mujeres y exigió al Ejecutivo autonómico que «les ponga fin».
Por ello, el Servizo Galego de Saúde ha replicado que «garantiza el derecho» de las mujeres a escoger un centro concertado, «sea por privacidad o para evitar demoras» en su procedimiento sanitario urgente.
Concretamente, para los casos de más de 22 semanas de gestación, de mayor complejidad, son asumidos en los tres hospitales públicos de referencia: el Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Complexo Hospitalario de Ourense y el Complexo Hospitalario da Coruña.
Entre las semanas 14 y 22 las interrupciones del embarazo pueden realizarse en los hospitales públicos de las «siete áreas sanitarias». Con todo, antes de las 14 semanas de gestación el aborto se puede prestar en un centro de la red pública gallega o en una de las clínicas autorizadas por el Sergas.
La propia ley, ha apuntado el Sergas, recoge la posibilidad de realizar la irrupción voluntaria del embarazo fuera de centros públicos e incluso fuera del ámbito geográfico, opción que Galicia «no necesita».
«En cuanto a datos, hasta 2022 la media de irrupciones voluntarias del embarazo realizadas durante la legislatura en centros públicos del Sergas era del 60%, incrementándose en 2022 hasta el 68% y en 2023 hasta el 76%», ha detallado.
