El funcionario, según había esgrimido a través de un informe, entiende que el Parlamento de Galicia no es competente para llevar a cabo esta comisión y sus consecuentes citaciones porque ello vulneraría la autonomía local, por lo que ha plantado a los miembros del organismo creado para determinar responsabilidades políticas por el suceso acontecido el pasado verano en Vigo.
Esta tesis del secretario está siendo estudiada por el Consejo de Estado, a quien se ha dirigido el Concello olívico en busca de un dictamen que esclarezca si realmente el Parlamento autonómico puede investigar un asunto de ámbito local.
Riesgo Boluda había solicitado el aplazamiento de su convocatoria a la espera de conocerse la resolución del Consejo de Estado. Sin embargo, la presidencia de la comisión ha entendido que esta suspensión no procede con el secretario porque no es un cargo público como los concejales o el alcalde de la ciudad.
Así pues, si el funcionario es demandado se podría enfrentar a un delito de desobediencia, castigado con la mencionada suspensión de empleo.