Vigo tiene actualmente en vigor el Plan Xeral de 1993 debido a la sentencia del Supremo que acaba de tumbar el PXOM de 2008 y tan solo un “milagro” judicial, como un recurso ante el Constitucional con muy pocas trazas de prosperar, salvaría el documento urbanístico declarado “nulo de pleno derecho” tras las reclamaciones del colectivo Alternativa Veciñal.
Una de los proyectos afectados directamente por el fallo del Alto Tribunal es Porto Cabral. Los inversores británicos que aúna el fondo Eurofund Investments presentaron hace ya dos años sus planes para construir un complejo de comercio y ocio en Liñeiriños en virtud del diseño urbanístico recogido en el Plan Xeral ahora suspendido.
En la actual situación la única figura que salvaría la inversión de 500 millones prevista en la zona sería la declaración de proyecto supramunicipal, tal y como ha ocurrido por parte de la Comunidad de Valencia en el caso de Puerto Mediterráneo (Paterna), donde se consideró que se trataba de una actuación territorial estratégica (equivalente a la supramunicipalidad en Galicia).
La inversión (800 millones), la creación de empleo (5.000 puestos de trabajo), las infraestructuras que se construirán y la llegada de firmas de reconocido prestigio fueron en el caso valenciano suficientes para que el proyecto recibiese el beneplácito del gobierno autonómico.
El carácter supramunicipal no solo podría salvar Porto Cabral, sino también otras actuaciones previstas en la ciudad como la Ciudad de la Justicia (con terrenos ya expropiados), el polígono de Balaídos (fundamental para que PSA Peugeot-Citröen desarrolle la furgoneta K9) o el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares (Ikea mostró recientemente su interés en implantarse).
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