El grupo parlamentario Popular en el Congreso de lo Diputados registró una proposición no de ley para pedir nuevas alternativas al trazado propuesto por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la ampliación de la A-52 hasta Vigo, «que se llevaría por delante más de 50 viviendas».
En un comunicado, el PP ha criticado que la alternativa que el Gobierno entiende como la más recomendable para este trazado conlleva un «altísimo impacto territorial», además del corte de vías municipales y «múltiples afecciones a viaductos y aguas».
Para la diputada Irene Garrido, esta alternativa «se llevaría por delante directamente más de 50 viviendas y deja una importante afección a más de 400 inmuebles».
«Este anuncio ha generado una importante preocupación en los ayuntamientos afectados. Ante esta situación, han sido muchas las reacciones vecinales y de administraciones locales, de la Xunta de Galicia, del Parlamento de Galicia y de la Diputación de Pontevedra, así como las más de 30.000 alegaciones al proyecto presentadas por los vecinos», ha indicado Garrido.
Además de nuevas alterativas para el trazado de esta ampliación de la A-52, también solicita la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia e iniciar negociaciones con la concesionaria para liberar el peaje del tramo Vigo-O Porriño, por ser la «solución más rápida, inmediata y económicamente más viable» al problema de la siniestralidad en esta vía».
«Es incomprensible que el Gobierno solo haya considerado la opinión del ayuntamiento de Vigo en la definición de su alternativa, excluyendo al resto de los municipios afectados, lo que compromete la viabilidad social y ambiental del proyecto», ha lamentado la diputada.
