Ante la “sucesión de irregularidades” en las adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Vigo, el grupo municipal del PP ha anunciado la impugnación ante el Tribunal de Contratación de la licitación del alumbrado público que subroga a uno de los condenados por corrupción en el caso de la cuñada de Carmela Silva.
Mediante un escrito, los ‘populares’ exigen que se suspenda la tramitación y se convoque de nuevo el concurso público con arreglo a la ley, pues consideran un “fraude” la obligación de contratar al gerente de la empresa que fichó “de forma ilegal” a la familiar de la presidenta de la Deputación de Pontevedra.
Tildan de “escandaloso” que se obligue a la nueva concesionaria a asumir la nómina de quien contrató a la allegada de la titular provincial, con un salario fijado en 90.000 euros, y que multiplica por cuatro al asignado a los otros tres trabajadores con la misma categoría de encargados de mantenimiento.
Sobre las medidas que se están adoptando desde el grupo municipal del PP, informó este jueves en rueda de prensa su portavoz, Alfonso Marnotes, quien se preguntó qué interés tiene el Gobierno local en blindar a los condenados en la trama que salpica directamente a su número dos, la teniente de alcalde.
Según advirtió, la Ley de Contratos del Sector Público pone especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses que, a su juicio, se vulneran de forma flagrante en el caso de la licitación municipal del alumbrado.
En este sentido, indicó que el Gobierno local esperó a la suspensión de la condena de entrada en prisión para activar la licitación, a 3 meses de caducar la actual, y sin margen para tramitar en tiempo el nuevo contrato. “Es decir, el equipo de Abel Caballero esperó a licitar el contrato hasta que se aseguró que esta persona podía trabajar. Conocía desde diciembre el listado del personal a subrogar, pero esperó a que se suspendiese la condena para asegurarse y licitar el contrato”, apuntó.
Llama la atención el concejal popular sobre la premura del Gobierno local a la hora de convocar a la junta en sesión extraordinaria y urgente para licitar el contrato, tan solo cuatro días más tarde de conocer el visto bueno del juzgado a la contratación, una vez suspendida la condena de prisión y transcurridos los años de inhabilitación.
“El Concello espera al mismo día en el que el tribunal suspende la condena para remitir al juzgado el listado que la empresa le había mandado ya en diciembre, advirtiendo de la inclusión del condenado por sentencia firme”, apuntó.
A su juicio, es evidente que el “Gobierno vigués en ningún caso tuvo interés en tramitar en tiempo la licitación y garantizar el servicio, sino en asegurar el blindaje a esta persona”. “Se ha utilizado a la institución municipal como salvoconducto para, y muy probablemente, pagarle el favor y asegurar su silencio”, sentenció.
Cabe recordar que el gerente de la concesionaria municipal de Vigo que fichó a la familiar de la presidenta provincial, pese a declarar que la empresa recibió órdenes para la contratación de la cuñada de Silva, nunca llegó a desvelar de quién las recibió. No se acordaba, dijo.
“Lo más grave de todo es que el Gobierno local, consciente de la existencia de un fraude, que eleva el coste de la licitación en casi cien mil euros al año, no solo no le pone remedio, sino que lo acepta sin reservas, tal como se desprende de la propia licitación”, concluyó Marnotes.
