Así lo pidió este jueves Elena Muñoz, que exigió una vez más por escrito todos los contratos y expedientes y recordó que su grupo ya se lo ha solicitado también a través de la Valedora do Pobo.
Muñoz pregunta a Caballero por la relación de la empresa Xaroc con los dinosetos y olivos de las últimas humanizaciones y exige por escrito todos los contratos y expedientes. “Le guste o no le guste, quiera o no quiera, Caballero tiene que rendir cuentas y aclarar si todos los servicios de Xaroc han costado menos de 18.000 euros, porque de lo contrario se habría vulnerado la libre concurrencia que fija la ley”, señaló.
La portavoz popular afirmó que los operarios de esta firma viguesa han sido fotografiados ocupándose del mantenimiento del Dinoseto de Porta do Sol a pesar de que el mantenimiento de parques y jardines está adjudicado a la empresa Althenia.
Desde hace un mes, no obstante, este contrato permanece paralizado y Muñoz también aprovechó para preguntar si hay novedades al respecto de esta decisión de suspender el contrato, ordenada por el tribunal administrativo central tras ser admitida a trámite una reclamación de una de las empresas que concurrió al concurso y que fue descartada por baja temeraria. “Seguimos esperando a que nos digan qué van a hacer y si Althenia está trabajando en Vigo sin incurrir en ningún tipo de irregularidad que pueda dar lugar a futuras cargas para el Concello”, manifestó.
Por todo ello, remitió una carta al alcalde reclamando conocer los contratos de Xaroc y expedientes en los que intervino. “Si en cinco días no nos contestan sabremos que nuestra petición ha sido aceptada, como especifica la normativa vigente, y exigiremos la documentación en los departamentos correspondientes”, afirmó Muñoz. «Nadie está por encima ni al margen de la ley”, dijo.
Elena Muñoz se preguntó qué contrato habilita a esta empresa a realizar trabajos de mantenimiento o a suministrar los setos decorativos y los olivos y si todas estas tareas han costado menos de 18.000 euros. Y recordó que es ese el límite legal de una contratación directa, ya que, de superar este listón, el gobierno estaría obligado a convocar un concurso público y a facilitar la libre concurrencia de otras empresas.
