El Grupo Parlamentario Popular informó en un comunicado que ha registrado una pregunta oral y escrita al Gobierno para que aclare si va a indultar al funcionario e «histórico afiliado» del PSOE de Vigo condenado, a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil, por colocar a la cuñada de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2019, ratificada por el Tribunal Supremo en 2021, el condenado urgió un plan oculto y al margen de los sistemas legales de oferta pública para la contratación por parte de una empresa concesionaria de la cuñada de la hoy teniente de alcalde de Vigo y presidenta de la Diputación de Pontevedra. «Dicha sentencia también recoge claramente que el único motivo que llevó a la concesionaria a pagarle un sueldo a la cuñada de Silva era exclusivamente por su relación familiar», explica el PP.
Recientemente, la defensa del condenado ha solicitado al Gobierno, mediante un escrito en el que reconoce los hechos que se le imputan, su indulto, argumentando, entre otras cuestiones, su “buen hacer profesional” y su afiliación y colaboración desde hace más de 30 años con el PSOE de Vigo, además de su pertenencia al sindicato UGT, adjuntando para ello en la carta una copia del carnet de ambas organizaciones.
«Un indulto que de concederse -según el diputado del PP por Pontevedra Diego Gago- sería el indulto político y partidista más escandaloso de la historia de la política gallega. Un bochorno sin precedentes para los vigueses, pontevedreses y gallegos, que ya no sería un indulto, sino que sería un insulto a la separación de poderes, al propio poder judicial, y a los todos los ciudadanos que trabajan honradamente, a diferencia de la cuñada de Silva que percibió más de 100.000 euros durante cinco años sin ir a trabajar», apunta el Partido Popular.
Añaden los ‘populares’ que en cualquier otro ayuntamiento, la teniente de alcalde ya habría dimitido y no habría ningún tipo de duda sobre la concesión del indulto, pero «la degradación moral e institucional del PSOE de Abel Caballero, protegiendo Silva, y de Pedro Sánchez, que utiliza la medida de gracia como una herramienta política más, como así lo hizo con los líderes independentistas condensador por el ‘procés’ y recientemente con una mujer afín a Podemos, abren la posibilidad a que el Gobierno pueda eliminar las consecuencias penales a un corrupto confeso solo por el hecho de ser un histórico afiliado en el PSOE vigués».
Gago lamenta que mientras el funcionario que ha recibido y ejecutado la orden ha sido debidamente condenado, quienes la orquestaron no han tenido ningún tipo de consecuencias. Por todo ello, los diputados gallegos han registrado la siguiente pregunta escrita al Gobierno:
- ¿Tiene intención el Gobierno de conceder el indulto a don Francisco Javier Gutiérrez Orúe, afiliado al Partido Socialista vigués hace más de 30 años y funcionario del Ayuntamiento de Vigo, condenado a cinco años y tres meses de prisión por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil, tras confirmarse por el Tribunal Supremo la existencia de un plan urdido por éste para la contratación oculta y al margen de la legalidad en una concesionaria municipal de la cuñada de doña Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Concello de Vigo?
